La Unión Europea atraviesa una crisis de legitimidad sin precedentes. Lo que nació como una herramienta para facilitar el comercio y garantizar la paz entre naciones soberanas se ha transformado, con el paso de las décadas, en una estructura supranacional hipertrofiada, que legisla sobre ámbitos tan sensibles como la educación, la familia, la inmigración o la moral pública, sin que los pueblos europeos tengan capacidad real de decidir. El centralismo burocrático de Bruselas, lejos de fomentar la unidad, ha alimentado el descontento, el desapego y la resistencia de numerosos Estados miembros.
Frente a esta deriva federalista e ideologizada, un informe elaborado por los think tanks Ordo Iuris (Polonia) y Mathias Corvinus Collegium (Hungría) plantea una alternativa: reemplazar la actual Unión Europea por una Comunidad Europea de Naciones (ECN), basada en la cooperación voluntaria, la flexibilidad institucional y el respeto estricto a la soberanía nacional.
En un informe, el director del Centro de Estudios Europeos del MCC de Budapest, Rodrigo Ballester, y el investigador Damille Devenyi proponen eliminar el principio de primacía automática del derecho comunitario, de forma que ninguna norma europea pueda imponerse sobre una constitución nacional. Se defiende así la centralidad del ordenamiento jurídico propio de cada país frente a las imposiciones uniformes de Bruselas.
Asimismo, el texto plantea reconvertir la Comisión Europea en un órgano técnico, desprovisto de iniciativa legislativa y sin capacidad para sancionar a los Estados miembros. La propuesta busca reducir drásticamente su peso político, devolviendo las competencias al nivel nacional.
El informe también subraya la necesidad de reformar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, limitando su autoridad y evitando que interfiera en los sistemas judiciales internos. A su juicio, el TJUE ha sido utilizado para presionar a gobiernos legítimos que se apartan de las directrices ideológicas marcadas desde el centro.
Una de las medidas más contundentes es la creación de un «escudo de competencias nacionales«, que protegería determinadas áreas —como la política migratoria, la familia, la moral pública o la educación— frente a cualquier injerencia europea. Esta protección tendría rango institucional y sería jurídicamente vinculante.
Por último, se aboga por sustituir el sistema de mayorías cualificadas por la exigencia de unanimidad en las decisiones, lo que impediría que un Estado fuera obligado a adoptar políticas contrarias a su voluntad. El Consejo Europeo asumiría el papel de máxima autoridad en la nueva arquitectura institucional, en sustitución de la actual estructura dominada por la Comisión y el Parlamento.
El informe propone además un cambio de nombre: la Unión Europea pasaría a llamarse Comunidad Europea de Naciones, reflejando un modelo de cooperación entre Estados libres e iguales, sin estructuras coercitivas ni ideologías impuestas desde arriba.
Esta iniciativa responde a una inquietud cada vez más extendida entre los ciudadanos europeos: la necesidad de recuperar el control nacional, frenar el avance del federalismo y restaurar la soberanía como fundamento de toda democracia real.
