La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está en campaña para intentar ser reelegida tras las elecciones del 9 de junio. En una visita a Dinamarca el pasado 14 de mayo como parte de su campaña de reelección, nombró por primera vez la iniciativa «Escudo Europeo de la Democracia». Se trata, aparentemente, de legislar para poder utilizar la Inteligencia Artificial (IA) con el objetivo de combatir la desinformación y la manipulación extranjera. Pero, en la práctica, si se investiga en qué consiste este ‘escudo’, se llega a la conclusión de que Bruselas utilizará la IA para controlar todo lo que lean, escuchen y vean los europeos en Internet.
Von der Leyen prometía desarrollar nuevas capacidades y «estructuras» a nivel de la UE si es elegida de nuevo como presidenta de la Comisión Europea. Según ella, «para combatir la interferencia extranjera». como parte de su campaña de reelección, mientras los países de la UE buscan revisar las herramientas existentes para maximizar su efectividad. En concreto, la actual dirigente aboga por crear «una unidad para detectar y eliminar la desinformación en línea». Para ello, además, las actuales élites gobernantes en Bruselas quieren legislar para implementar el uso de la Inteligencia Artificial en esta supuesta lucha contra la desinformación.
El Gobierno europeo ya ha afirmado en numerosas ocasiones que una de sus prioridades es luchar contra el ‘discurso de odio’ y la ‘desinformación’. Según ellos, las opiniones críticas contra algunas políticas comunitarias —el Pacto Verde, la política de puertas abiertas con la inmigración ilegal o las directivas durante el covid— representan una seria amenaza para la democracia. Pero, a medida que se acercan las elecciones al Parlamento Europeo, ha sido la UE quien ha intensificado su campaña de desinformación y censura.
Recientemente, el alcalde de Bruselas intentó prohibir la celebración de la conferencia conservadora NatCon. Para ello recurrió a la Policía, ya que no deseaba permitir la celebración de un acto privado en el que participaba el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. El jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, afirmó en enero que la desinformación es un «veneno mental». También la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, sugirió ya en 2022 utilizar la Inteligencia Artificial para hacer cumplir las ‘buenas prácticas’ que ella misma intentó imponer a los medios de comunicación.
Y mientras afirmaban trabajar contra los bulos, la Comisión Europea ya ha impuesto a su propia red de ‘expertos’ para censurar. Por ejemplo, a través de la Ley de Servicios Digitales, la Ley de Libertad de los Medios, y la Ley de Inteligencia Artificial. La primera permite a la Comisión regular el contenido en las redes sociales, imponiendo grandes multas a quienes no se plieguen a sus directrices. En octubre de 2023, la Comisión Europea ordenó a Elon Musk, dueño de X, revisar «de urgencia» sus sistemas de moderación. El comisario europeo, Thierry Breton, le dio incluso 24 horas para responder a sus peticiones. Algo que Musk ignoró deliberadamente, defendiendo la necesidad de un discurso libre en las redes.
Pero el uso que la UE planea dar la IA, facilitará que se impongan sus exigencias en las plataformas de Internet. Y es que tanto von der Leyen como Jourová tienen como objetivo desarrollar soluciones de IA desde la propia UE para combatir la desinformación. Sin embargo, esta tecnología no llega a imitar de momento la comprensión de la comunicación humana, por lo que fijar qué constituye discurso de odio conllevará necesariamente censura.
Los algoritmos automatizados ya se usan en Europa para eliminar contenido Internet. En 2019, el 65% del contenido eliminado por Facebook ya fue escogido mediante el uso de IA. YouTube y X también han incrementado sus sistemas automatizados para detectar violaciones de políticas. Añadir IA sólo aumentaría los porcentajes.
Próximamente, de seguir adelante con las legislaciones de que pretende implementar la Comisión Europea, moderadores o sistemas de Inteligencia Artificial interferirán. Éstos podrán decidir sobre lo apropiado de los contenidos que los europeos podrán leer, escuchar y ver. Algo que los ciudadanos tienen en su mano frenar el próximo 9 de junio.
