La Unión Europea ha cerrado un acuerdo para aprobar la primera legislación comunitaria centrada en el bienestar de perros y gatos, un marco que llega cargado de nuevas obligaciones para ciudadanos, criadores y refugios. La medida, celebrada por las instituciones, aparece en un momento en el que la UE acumula problemas estructurales —inseguridad, crisis migratoria, industria en fuga— pero opta por dedicar su energía a regular hasta el último aspecto del cuidado de mascotas, desde la imposición de un microchip obligatorio hasta la creación de bases de datos interconectadas que seguirán el rastro de cada animal en el continente.

El Parlamento Europeo y los gobiernos de los Veintisiete presentaron el acuerdo como un avance histórico, aunque supone una ampliación evidente del control burocrático sobre la vida cotidiana. La norma obligará a registrar a todos los perros y gatos en bases de datos nacionales, que estarán sincronizadas a escala europea, y exigirá que cualquier ejemplar importado sea inscrito en un plazo máximo de cinco días. Incluso los animales que entren en la UE sin fines comerciales deberán añadirse a una nueva base de datos continental creada específicamente para viajeros con mascotas.

En paralelo, se establece un abanico de restricciones a la cría: límites de edad y frecuencia, prohibición de cruces con especies silvestres y veto a la endogamia —salvo excepciones para razas locales—. Se prohíben las mutilaciones salvo prescripción médica y se fijan requisitos específicos de alojamiento, acceso al aire libre y supervisión veterinaria. También se excluye de la cría a perras y gatas que hayan pasado por dos cesáreas y a animales con rasgos extremos o malformaciones, que además no podrán participar en concursos ni exhibiciones.

La aplicación de estas medidas requerirá una larga adaptación. Criadores, refugios y vendedores dispondrán de cuatro años, mientras que los ciudadanos tendrán diez años en el caso de los perros y quince en el de los gatos. Todo ello incrementará los costes y trámites para quienes tengan mascotas, en un contexto en el que muchos europeos ya sufren las consecuencias de la inflación, del aumento de tasas y de una regulación cada vez más invasiva.

Desde Bruselas se insiste en que este nuevo marco ayudará a combatir el comercio ilegal de animales y mejorará las condiciones de bienestar. Sus detractores subrayan, sin embargo, que la UE vuelve a mostrar su desconexión con la realidad social: en un continente que no logra controlar sus fronteras, ni su política energética, ni su competitividad industrial, el entusiasmo regulatorio se dirige ahora a controlar perros y gatos hasta el último detalle.