La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha endurecido su postura sobre la inmigración ilegal, siguiendo la tendencia de varios países europeos que adoptan políticas más estrictas. Bruselas está considerando la posibilidad de abrir centros de deportación fuera de la Unión Europea (UE), siguiendo el ejemplo de Italia, que ha implementado este modelo en Albania. Estas instalaciones podrían integrarse en la futura reforma de las normas de deportación, con el objetivo de hacerlas más rígidas. Von der Leyen detalla estas ideas en una carta dirigida a los líderes de los Estados miembros, enviada antes de una reunión del Consejo Europeo donde la inmigración será un tema central, en un contexto donde las fuerzas patrióticas y soberanistas están ganando terreno.
Von der Leyen menciona en la misiva la importancia de «explorar nuevas formas» para crear centros de retorno fuera del bloque comunitario, en línea con una propuesta reciente sobre deportaciones. Este enfoque sigue la presión de varios Estados, liderados por Dinamarca, que buscan «soluciones innovadoras» para gestionar la inmigración ilegal. El modelo italiano de deportación en Albania ha sido presentado como un ejemplo del que «se pueden extraer lecciones prácticas». Una portavoz de la Comisión Europea subrayó que para implementar esta estrategia a nivel europeo, se requiere una reforma legislativa que Von der Leyen ya ha propuesto.
El Partido Popular Europeo (PPE), familia política de Von der Leyen, ya había incluido en su programa la creación de estos centros fuera de la UE, inspirándose en el modelo Ruanda del Reino Unido, que implica enviar a inmigrantes ilegales a países con los que se han firmado acuerdos sin que sus solicitudes de asilo hayan sido procesadas.
Los Estados miembros, como España, Francia y Alemania, han solicitado un fortalecimiento de las reglas sobre deportaciones para incrementar su número. La Comisión Europea insiste en acelerar la implementación del pacto migratorio, que promueve la «distribución solidaria» de solicitantes de asilo entre los países del bloque comunitario y contempla una compensación de 20.000 euros por cada refugiado rechazado. «Es un conjunto de soluciones europeas para un desafío europeo», señala Von der Leyen.
Aunque la idea de establecer centros de deportación ha ganado fuerza recientemente, no es nueva. Hace años, Bruselas rechazó la propuesta, alegando que contravenía la normativa comunitaria. Sin embargo, el reciente acuerdo entre Italia y Albania ha abierto una vía para su reconsideración. De hecho, esta semana, Italia envió a un grupo de 16 solicitantes de asilo rescatados en el mar a uno de estos centros en Albania, donde esperarán la resolución de su solicitud de protección.
A pesar de la voluntad de Von der Leyen de avanzar en esta dirección, uno de los principales obstáculos es la ubicación de estos centros. Algunos países abogan por que se presione a los estados de los Balcanes para que acepten acoger estas instalaciones, aunque hasta ahora han mostrado resistencia, según fuentes diplomáticas.
La estrategia de la UE sigue enfocada en firmar acuerdos con países fuera del bloque para frenar los flujos migratorios a cambio de ayuda financiera, como los convenios con Túnez, Egipto y Mauritania. Con el aumento del 56% en las llegadas a España en comparación con el año anterior, Bruselas busca reforzar el acuerdo con Mauritania y establecer otros similares con Senegal y Malí, a pesar de las dificultades diplomáticas.
Por otro lado, el desafío de las deportaciones sigue siendo complejo. Muchos países de origen se niegan a aceptar el regreso de sus ciudadanos, lo que complica la expulsión de aquellos a quienes se les ha denegado el asilo. Von der Leyen señaló en su carta que «sólo el 20% de los inmigrantes a los que se les ha ordenado abandonar la UE han sido efectivamente deportados«, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad de la política migratoria europea si no se mejora este aspecto.
Al mismo tiempo, más gobiernos europeos han endurecido sus políticas de inmigración, como en Francia y Alemania. Incluso, el libre tránsito dentro del espacio Schengen se encuentra bajo presión, con varios países reintroduciendo controles fronterizos. En Polonia, el primer ministro Donald Tusk suspendió el derecho al asilo en respuesta a la llegada de inmigrantes ilegales desde Bielorrusia, mientras que Finlandia cerró su frontera con Rusia, acusando a Moscú de usar la inmigración como arma política. La unidad europea en torno a la política de asilo parece cada vez más frágil.