La Comisión Europea calcula que necesitará alrededor de 450.000 millones de euros durante la próxima década para desarrollar su estrategia de «soberanía digital», reducir la dependencia de proveedores extranjeros y reforzar el control comunitario sobre la inteligencia artificial, los servicios en la nube y las infraestructuras tecnológicas, según recoge Hungarian Conservative.

El plan fue presentado en el Parlamento Europeo por la vicepresidenta de la Comisión para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, quien defendió la necesidad de crear una economía más «resiliente» y menos dependiente de las grandes compañías tecnológicas de Estados Unidos y China.

Sin embargo, detrás del lenguaje de la autonomía estratégica aparece también una ampliación del poder regulatorio de Bruselas sobre el ecosistema digital europeo. La Comisión quiere establecer criterios comunes para los servicios de inteligencia artificial y computación en la nube utilizados por las administraciones, lo que otorgaría a las instituciones comunitarias una capacidad creciente para determinar qué tecnologías, proveedores y contenidos cumplen sus estándares.

Virkkunen sostuvo que la soberanía tecnológica no implica aislamiento ni proteccionismo, sino una Unión Europea «más fuerte, menos vulnerable y más resiliente». No obstante, el concepto de seguridad digital ha sido utilizado en los últimos años para justificar mayores obligaciones de control sobre plataformas, moderación de contenidos y supervisión de la información difundida en Internet.

El riesgo de una infraestructura digital dirigida desde Bruselas con 450.000 millones

El proyecto plantea una contradicción de fondo: mientras la Comisión afirma querer liberar a Europa de la dependencia de las grandes multinacionales tecnológicas, aspira a sustituir esa dependencia por un sistema digital cada vez más centralizado y sometido a las decisiones de la burocracia comunitaria.

El eurodiputado de Fidesz Ernő Schaller-Baross advirtió de que la competitividad europea no dependerá únicamente de grandes inversiones, sino de la existencia de un entorno regulatorio que permita innovar y crecer. También cuestionó que Bruselas priorice nuevos programas tecnológicos mientras reduce el margen presupuestario destinado a la agricultura, la cohesión territorial y el desarrollo rural.

Su compañero András László señaló que la UE continúa rezagada frente a Estados Unidos y China por la escasez de ingenieros, la limitada producción de semiconductores, los altos precios energéticos y una sobrerregulación que ahoga la innovación antes de que pueda desarrollarse.

Por su parte, Zsuzsanna Borvendég, del partido Mi Hazánk, acusó a Bruselas de haber debilitado la capacidad tecnológica europea mediante el gasto destinado a la guerra de Ucrania, la inmigración y la transición verde.

La iniciativa comunitaria amenaza así con repetir el patrón habitual de la UE: presentar una concentración de competencias como una cuestión técnica, convertir la seguridad en pretexto para ampliar la vigilancia y utilizar la regulación digital para condicionar la libertad de expresión.

Bruselas promete independencia tecnológica, pero el resultado podría ser una infraestructura digital europea menos dependiente de Silicon Valley y, al mismo tiempo, mucho más dependiente del poder político comunitario y sus 450.000 millones.