La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este martes que Bruselas fijará nuevos objetivos de reducción de emisiones para 2035 y 2040 antes de la cumbre climática COP30 en Belém (Brasil). El anuncio llega después de que la Unión Europea no cumpliera con el plazo marcado por la ONU para presentar estas metas, algo que sí han hecho ya economías como China.

El retraso refleja las profundas divisiones internas del bloque. Mientras algunos países defienden acelerar la transición verde con medidas radicales, otros advierten de que un exceso de regulación pone en peligro la industria europea, ya debilitada y con graves problemas de competitividad. Alemania, Francia y Polonia han solicitado incluso que los jefes de Estado y de Gobierno abran un debate específico en el Consejo Europeo de finales de octubre, lo que deja poco margen para lograr un consenso antes del inicio de la COP30 en noviembre.

«Antes de la COP30 en Belém, estableceremos objetivos NDC para 2035 y 2040», aseguró von der Leyen en un mensaje en vídeo, aludiendo a las llamadas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional que la ONU exige a cada país o bloque. Reconoció que «el mundo ha cambiado» y que la competencia internacional es «feroz y no siempre justa». Según dijo, Europa necesita «más flexibilidad y más pragmatismo», aunque volvió a insistir en «mantener el rumbo» en materia climática, una posición que se aleja de las prioridades industriales y de las demandas de millones de europeos.

La Comisión subraya que está reduciendo la burocracia y fomentando la inversión en redes eléctricas para apoyar a las empresas, pero los Estados miembros recuerdan que el gasto militar, las tensiones económicas y la necesidad de proteger a las industrias estratégicas requieren menos cargas regulatorias y más sentido común.

Mientras tanto, la economía alemana ilustra la paradoja europea: en plena amenaza de recesión, Berlín ha batido récords de gasto en proyectos proclima en el extranjero, mientras los propios votantes denuncian el despilfarro de miles de millones con efectos nulos sobre la situación interna. Ese descontento popular es compartido en buena parte del continente, donde la imposición ideológica de Bruselas choca cada vez más con la realidad social y económica.