La decisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, de autorizar la ocupación temporal de unos terrenos del puerto de Ceuta para instalar un campamento destinado a acoger a alrededor de 1.000 invasores se adoptó pese al criterio desfavorable expresado por la Autoridad Portuaria, cuyo informe técnico advertía de posibles riesgos para instalaciones energéticas, la operativa portuaria y la seguridad del recinto.
El documento, elaborado por la Autoridad Portuaria de Ceuta, y que publica este domigno El Español, señala que las parcelas seleccionadas se encuentran en una zona en la que existen concesiones activas vinculadas a actividades de logística y almacenamiento. Entre ellas figura la factoría Dúcar I, que dispone de capacidad para almacenar hasta 42.000 toneladas de combustible destinadas al suministro de buques, además de instalaciones relacionadas con Endesa.
Los técnicos advierten de que los tanques de almacenamiento y sus líneas de conducción se encuentran próximos a las parcelas previstas para el campamento. En sus conclusiones, el informe considera que la ocupación del espacio podría incrementar el riesgo de sabotaje sobre instalaciones energéticas y afectar potencialmente al abastecimiento de la central eléctrica que suministra energía a la ciudad.
El documento también señala que los instrumentos de protección actualmente vigentes para el puerto y determinadas infraestructuras críticas no contemplaban específicamente los riesgos asociados a la instalación de un recurso de acogida de estas características en las zonas adyacentes al recinto portuario.
A estas consideraciones se suman factores relacionados con la movilidad y el entorno urbano. Los accesos a las parcelas conectan con una zona comercial y se encuentran próximos a un centro educativo y a una instalación deportiva frecuentada por menores.
La Autoridad Portuaria recoge asimismo que la tramitación de la medida ya había provocado protestas de trabajadores portuarios, concesionarios y vecinos, con cortes de tráfico en determinados puntos que, según el informe, habían generado retrasos en las rotaciones de los ferris que comunican Ceuta con la península.
Otro de los escenarios contemplados es una eventual sobreocupación de las instalaciones. El informe advierte del riesgo de asentamientos ilegales en escolleras cercanas si se alcanza la capacidad máxima del dispositivo, y recuerda como precedente la crisis de mayo de 2021, cuando la ocupación de esas zonas llegó a afectar a las operaciones de suministro a buques.
El documento incorpora además datos sobre las incidencias registradas por la Policía Portuaria en diferentes instalaciones. En el Dique de Poniente, las incidencias habrían pasado de 11 en julio a 560 durante agosto. En el Muelle Cañonero Dato se contabilizaron otras 603 incidencias durante ese mismo mes, relacionadas en buena parte con intrusiones.
Ante este escenario, los técnicos concluyen que no consideran recomendable instalar una zona de acogida de inmigrantes en el área portuaria sin medidas adicionales. En caso de llevarse a cabo, consideran necesario reforzar la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y establecer un plan específico de respuesta ante situaciones de riesgo.
El informe también plantea revisar el Plan de Apoyo Operativo del puerto.
A estas advertencias se añade el impacto económico de la ocupación. En los terrenos estaba prevista una actuación de urbanización vinculada a la ampliación del Muelle de Poniente-1, incluida en el Plan de Inversiones 2026-2027 y financiada parcialmente con fondos FEDER.
La inversión europea prevista supera los 3,3 millones de euros. Según el documento, la imposibilidad de ejecutar los trabajos dentro del plazo inicialmente establecido podría provocar la pérdida de esos fondos.
La decisión final fue adoptada por el Ministerio de Transportes al amparo de sus competencias estatales y de la situación de emergencia. El BOE reconoce que la ocupación temporal puede incrementar determinados riesgos asociados a infraestructuras críticas, instalaciones sensibles y operativa portuaria, aunque justifica la medida por razones de interés general.
