LA COMISIÓN PRESENTARÁ SU ESTRATEGIA EL PRÓXIMO 6 DE OCTUBRE
Ursula von der Leyen. Europa Press.
Por LGI
30 de septiembre de 2026
La Comisión Europea prepara una profunda reforma del funcionamiento de la Unión Europea ante la perspectiva de futuras ampliaciones que contempla reducir el poder de veto de los Estados miembros en numerosas decisiones y acabar con la garantía política de que cada país disponga permanentemente de un comisario en Bruselas.
Así se desprende de dos borradores internos de la Comisión Europea a los que ha tenido acceso Brussels Signal. La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, tiene previsto presentar la estrategia el próximo 6 de octubre, antes del Consejo Europeo de los días 15 y 16.
La Comisión considera que una Unión con más de 30 miembros tendría cada vez mayores dificultades para adoptar decisiones si todos los países conservan la capacidad de bloquear individualmente gran parte del proceso.
El planteamiento supondría uno de los cambios institucionales más importantes planteados en los últimos años, aunque los documentos filtrados son todavía borradores y no tienen fuerza jurídica por sí mismos. Las principales modificaciones necesitarían finalmente el acuerdo de los gobiernos nacionales.
Menos vetos durante las adhesiones
Uno de los cambios centrales afectaría al procedimiento mediante el cual nuevos países se incorporan a la Unión Europea. Actualmente, los gobiernos disponen de numerosas oportunidades para bloquear el avance de un candidato durante las diferentes etapas de las negociaciones.
Según los borradores conocidos por Brussels Signal, la unanimidad seguiría siendo necesaria al principio y al final del proceso de adhesión, pero muchas de las decisiones intermedias pasarían a adoptarse mediante mayoría cualificada.
El Parlamento Europeo ya reclamó formalmente el pasado marzo que la apertura y cierre de los distintos capítulos y bloques negociadores deje de depender de la unanimidad, argumentando que el veto de un solo Gobierno puede paralizar durante años una candidatura.
La Comisión estudia utilizar para ello las denominadas «cláusulas pasarela», mecanismos previstos en los propios tratados europeos que permiten sustituir en determinadas materias la unanimidad por la mayoría cualificada sin necesidad de realizar una reforma completa de los Tratados.
Una información publicada este lunes por The New Union Post señala que entre las opciones examinadas figura reducir aproximadamente de 150 a 70 las decisiones que exigirían unanimidad durante las fases intermedias de una adhesión.
15 países podrían imponer una decisión
La mayoría cualificada utilizada habitualmente por el Consejo exige actualmente el respaldo de al menos 15 de los 27 Estados miembros, siempre que representen como mínimo al 65% de la población de la Unión. Los borradores plantean extender este sistema también a otras materias en las que el peso de los vetos nacionales continúa siendo especialmente importante.
Entre ellas figurarían determinadas decisiones relacionadas con sanciones, derechos humanos, seguridad, defensa o lucha contra la evasión fiscal, según la información publicada por Brussels Signal.
El proyecto incluiría, no obstante, un mecanismo de «freno de emergencia» que permitiría a un Estado elevar una cuestión cuando considere que están amenazados sus «intereses nacionales vitales».
La reforma se enfrenta a una dificultad evidente: en aquellos ámbitos en los que los Tratados exigen unanimidad para activar una cláusula pasarela, los propios gobiernos llamados a perder su veto deben aprobar por unanimidad el cambio. Por tanto, la Comisión no puede eliminar unilateralmente esas facultades nacionales.
Nueve países podrían quedarse sin comisario
El segundo gran cambio afectaría directamente a la composición de la propia Comisión Europea. Actualmente, cada uno de los 27 Estados miembros cuenta con un nacional dentro del Colegio de Comisarios.
Sin embargo, el Tratado de la Unión Europea contempla originalmente que la Comisión pueda estar formada por un número de miembros equivalente a dos tercios del número de Estados, mediante un sistema de rotación igualitaria.
Aplicado a los actuales 27 miembros, el Colegio tendría 18 comisarios, por lo que nueve países quedarían sin representante nacional durante cada mandato.
Esta posibilidad no es una innovación jurídica de la nueva propuesta. Está recogida en el artículo 17.5 del Tratado de la Unión Europea. No obstante, el Consejo Europeo decidió por unanimidad en 2013 mantener un comisario por cada Estado miembro, sistema que continúa vigente.
La reducción del Colegio exigiría, por tanto, modificar el actual acuerdo político entre los gobiernos y establecer el correspondiente sistema de rotación. El propio Parlamento Europeo ya había pedido que la futura ampliación obligase a reconsiderar el tamaño de la Comisión, recordando expresamente la posibilidad prevista en el Tratado de Lisboa.
Una UE de más de 30 países
El debate institucional está directamente relacionado con los planes de ampliación del bloque. Actualmente existen nueve países reconocidos como candidatos: Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía y Ucrania. Kosovo mantiene la consideración de candidato potencial.
Entre los aspirantes más avanzados figuran Montenegro y Albania, mientras que durante este año también han avanzado las negociaciones con Ucrania y Moldavia. La Comisión sostiene que una Unión ampliada necesitará modificar sus mecanismos internos para evitar que la incorporación de nuevos gobiernos multiplique los bloqueos.
El Parlamento Europeo comparte ese diagnóstico. En su resolución sobre la estrategia de ampliación aprobada el pasado marzo sostuvo que las reformas internas deben realizarse paralelamente a las negociaciones de adhesión y pidió expresamente ampliar el uso de la mayoría cualificada.
Los gobiernos tendrán la última palabra
Las propuestas filtradas no constituyen todavía una reforma jurídica. El documento que la Comisión pretende presentar el 6 de octubre será una comunicación estratégica, destinada a fijar su posición ante los gobiernos y el Parlamento Europeo.
El propio calendario comunitario confirma que el Grupo de Trabajo del Consejo encargado de ampliación se reunirá precisamente ese 6 de octubre. Las decisiones más sensibles tendrán que ser adoptadas posteriormente por el Consejo Europeo, donde están representados los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros.