La Unión Europea está ultimando unas sanciones que superarán los 1.000 millones de euros contra Elon Musk por negarse a regular contenido en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Bruselas acusa a la plataforma de infringir de forma reiterada la Ley de Servicios Digitales (DSA), una normativa aprobada en 2022 que obliga a las grandes tecnológicas a combatir lo que la UE considera «información ilegal» o «nociva». Se espera que el anuncio oficial de la multa llegue en verano y que suponga un precedente clave para el futuro de la regulación digital en Europa.
El origen de este conflicto se remonta a 2023, cuando la Comisión Europea inició una investigación formal contra X. Desde entonces, los reguladores han identificado «varios incumplimientos graves», entre ellos, la negativa de la empresa a facilitar datos a investigadores externos, lo que impide fiscalizar adecuadamente el contenido que circula en la red. También se reprocha a X la falta de transparencia sobre sus ingresos publicitarios y los criterios con los que otorga la verificación de cuentas de pago.
Bruselas sostiene que estas irregularidades abren la puerta a campañas de manipulación, injerencias extranjeras y contenidos que, según afirman, podrían poner en riesgo la estabilidad democrática. En virtud de la DSA, la Comisión puede imponer sanciones de hasta el 6 % de los ingresos globales de una empresa. Y aunque Musk ha intentado blindar a X del escrutinio, las autoridades europeas estudian calcular la multa incluyendo los beneficios de otras empresas de su conglomerado, como SpaceX, lo que dispararía el importe por encima de los mil millones de euros.
Desde la compañía todavía no se ha emitido una declaración oficial sobre esta ofensiva. No obstante, tras conocerse los primeros detalles del expediente, X publicó un mensaje en el que acusaba a la Unión Europea de llevar a cabo un ataque sin precedentes contra la libertad de expresión. Por su parte, Elon Musk ya había anticipado el pasado julio que estaba dispuesto a defenderse legalmente y a llevar el caso ante los tribunales. «Será una batalla pública», prometió.
La plataforma de Musk no sólo está siendo investigada por su falta de cooperación con las autoridades regulatorias, sino también por su negativa a aplicar políticas de censura al nivel que exige la UE. Funcionarios europeos critican que X ha permitido la proliferación de discursos considerados como «odio» y de contenidos que califican como «desinformación», lo que, en su opinión, supone una amenaza directa para la democracia europea.
