Tras una larga jornada de negociaciones, los ministros de Interior de los Estados miembros de la Unión Europea lograron llegar a un acuerdo sobre los elementos cruciales para la reforma del asilo y la inmigración. Esta reforma continúa siendo un tema complejo y delicado, y la búsqueda de un equilibrio entre la «solidaridad» entre los Estados miembros y la protección de las fronteras y los intereses nacionales sigue siendo un desafío para las instituciones comunitarias.
Los ministros se reunieron y lograron superar con bastantes dificultades los principales puntos de desacuerdo a través de reuniones bilaterales. El acuerdo se logró después de que Italia levantara sus reservas respecto a las condiciones para deportar a los inmigrantes que llegan a la Unión Europea y no tienen derecho a asilo. Otros países como Polonia y Hungría se mostraron totalmente en contra de la reforma y cuestionaron el coste estimado de 20.000 euros por cada solicitante de asilo no aceptado. Después de afirmarse en la primera propuesta que «ningún Estado miembro estará obligado a llevar a cabo reubicaciones», ven ahora este acuerdo como un ejercicio de «solidaridad forzosa y muy costosa».
El Reglamento de Procedimientos de Asilo establece que los Estados miembros en primera línea deben aplicar un procedimiento en frontera a las personas cuya nacionalidad recibe menos del 20% de decisiones positivas de asilo. Estos países deben completar el procedimiento en un plazo de 12 semanas y realizar las devoluciones en otras 12 semanas. También deben contar con capacidad suficiente para albergar a las personas sometidas a este proceso.
El ministro italiano, Matteo Piantedosi, fue contundente al afirmar la necesidad de mejorar los textos presentados y evitar cualquier acción que se lleve a cabo «por la fuerza» y perjudique a su país. Piantedosi solicitó un enfoque más enérgico a nivel de terceros países. Por su parte, el ministro de Grecia se mostró partidario de la solidaridad con Italia y mostró su voluntad de alcanzar un acuerdo y mejorar los textos tanto como fuera posible.
El Gobierno alemán también tenía sus propias líneas rojas en las negociaciones. Mientras el canciller, Olaf Scholz, se reunía con la presidente del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, y aseguraba que su país no estará «solo» frente al flujo masivo de inmigrantes, Alemania planteó sus preocupaciones sobre el destino de «las familias con niños menores de 12 años» en el procedimiento en frontera, así como sobre la importancia de establecer conexiones para el retorno de los solicitantes de asilo rechazados.
Desde las instituciones europeas han presentado este acuerdo como un «hito» significativo para la Unión Europea para abordar la cuestión migratoria «y establecer un marco común para la gestión de los flujos migratorios», aunque la negociación ahora con el Parlamento Europeo será crucial para saber la decisión definitiva sobre este tema.
