La Comisión Europea ha prolongado la retención de 18.000 millones de euros en fondos comunitarios destinados a Hungría, consolidando una ofensiva financieramente motivada contra el Gobierno liderado por Viktor Orbán. La maniobra evidencia que el verdadero objetivo de Bruselas no es defender el Estado de Derecho, sino penalizar al Ejecutivo húngaro por su firme compromiso con los valores conservadores y la soberanía nacional.

Entre los fondos retenidos se incluyen 8.400 millones correspondientes a pagos de cohesión y 9.500 millones del fondo de recuperación post-COVID. La justificación, según el Informe sobre el Estado de Derecho 2025, es que Hungría no ha cumplido plenamente ciertos criterios en áreas como independencia judicial, corrupción y pluralidad mediática.

El comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, afirmó al presentar el informe: «Ojalá fuera diferente, y esos fondos pudieran estar disponibles para el pueblo húngaro, que es claramente pro‑UE. Pero eso requiere cumplir con el Estado de derecho».

En réplica, Zoltán Kovács, portavoz del Gobierno húngaro, calificó el informe como: «El nuevo capítulo de un esfuerzo continuado de la Comisión para desmantelar los logros clave de los gobiernos de Orbán e imponer control político extranjero sobre Hungría».

Bruselas ha elevado la presión financiera en respuesta a la resistencia de Hungría a la agenda liberal federalista: rechazo de cuotas obligatorias de inmigración, firme defensa de la familia tradicional, oposición al lobby LGTB y apuesta por soluciones diplomáticas en el conflicto ucraniano. Pese a ello, Budapest ha sido sancionada incluso con una multa diaria de 1 millón de euros por proteger sus fronteras.

El informe remarca además las medidas legales húngaras contra la propaganda LGTB entre menores y la transparencia en la financiación de ONG, ambas vistas por Bruselas como retrocesos democráticos.