Bruselas ha salido públicamente en defensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras las críticas lanzadas por el propietario de X, Elon Musk, y por el fundador de Telegram, Pavel Durov, contra la nueva ofensiva del Ejecutivo español para restringir el acceso de los menores a las redes sociales y endurecer la responsabilidad de las plataformas.

«Plena solidaridad con el presidente de España», afirmó este viernes el portavoz comunitario de Seguridad Tecnológica, Thomas Regnier, durante una rueda de prensa en Bruselas, en la que condenó los mensajes críticos difundidos por Musk y Durov, que llegaron a calificar de «fascista» al Gobierno español por su política digital.

Desde la Comisión Europea se dejó claro que el Ejecutivo comunitario respalda a los gobiernos nacionales que avanzan en medidas para reforzar el control sobre las plataformas digitales, siempre dentro del marco de la Ley de Servicios Digitales, la normativa europea que sirve de base a la estrategia impulsada por Sánchez.

Regnier defendió que Bruselas «apoya las acciones que se están tomando a nivel nacional» para exigir a las plataformas que cumplan la legislación europea, al tiempo que subrayó que la UE «exige responsabilidades» a las grandes tecnológicas, «empodera a los usuarios» y «protege a los menores» frente a contenidos ilegales, estafas o productos peligrosos.

El portavoz comunitario añadió además que la Comisión actúa para «defender la libertad de expresión y la integridad de las elecciones», uno de los argumentos recurrentes utilizados por el Gobierno de Sánchez para justificar su agenda de regulación del espacio digital.

No es la primera vez que Bruselas respalda al Ejecutivo español en este terreno. A comienzos de semana, la Comisión ya mostró su apoyo a la propuesta de prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años, aunque introdujo un matiz relevante: recordó que los Estados miembros no pueden imponer obligaciones adicionales a las plataformas más allá de lo previsto en la legislación europea.

Ese aviso pone en cuestión uno de los anuncios más controvertidos del Gobierno, la posibilidad de procesar penalmente a los directivos de empresas tecnológicas por incumplimientos de sus plataformas, una medida que Bruselas considera difícilmente compatible con el marco comunitario.

Pese a ello, el mensaje político fue inequívoco: cuando Sánchez es cuestionado por los gigantes tecnológicos, Bruselas cierra filas con Moncloa y legitima su pulso con las plataformas en nombre de la regulación europea, reforzando la alianza entre el Gobierno español y la Comisión en la construcción de un modelo de control digital cada vez más centralizado.