Bruselas, con su política de ayudas preferenciales, está pagando con dinero las consecuencias de una deriva autoritaria que hoy se acelera en Pakistán. Mientras el régimen aprieta y reprime, Bruselas mantiene el suministro de fondos a través del Sistema Generalizado de Preferencias Plus (SGP+), que, desde 2014, ha canalizado 8.000 millones de euros al año hacia Islamabad. Resulta difícil no concluir que la financiación europea contribuye a sostener un orden que produce emigración masiva y erosiona las libertades básicas.

El pasado 31 de agosto, el presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, firmó una enmienda a la ley antiterrorista que otorga al Gobierno un poder sin precedentes: permite detener a cualquier persona durante tres meses sólo por «sospecha razonable» de suponer una amenaza a la «seguridad nacional». En realidad, los términos son tan vagos que la norma puede usarse contra periodistas, disidentes políticos o minorías religiosas. Una legislación que, más que combatir el terrorismo, se convierte en una herramienta de represión propia de un régimen autoritario.

Los abusos en Pakistán están bien documentados. Los tribunales antiterroristas dictan condenas rápidas, las leyes de blasfemia encarcelan a los ahmadíes —una minoría religiosa musulmana no reconocida por el Estado—, los cristianos sufren ataques multitudinarios y las desapariciones forzadas castigan a los baluchis —un grupo étnico marginado en el suroeste del país—. Incluso la propia Comisión Europea, en su revisión de junio de 2025, constató estas violaciones de derechos humanos y alertó de que la nueva ley antiterrorista y los sistemas de vigilancia restringen las libertades civiles. Aun así, Bruselas mantiene abierto el grifo de las ayudas.

Los datos sobre desarrollo y bienestar confirman la gravedad: el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2024 sitúa a Pakistán en el puesto 168 de 193; el 79% de los niños de diez años no sabe leer; la tasa de mortalidad infantil alcanza el 7% y el 40% de los menores sufre retraso en el crecimiento. El Índice de los Objetivos de Desarrollo Sostenible coloca al país en el puesto 137, con una puntuación anémica.

El aumento del islamismo, la inestabilidad regional y las oleadas migratorias no sólo afectan a Pakistán. Afganistán y Bangladesh también participan del éxodo: Eurostat señala 250.000 solicitantes de asilo procedentes de estos países en el primer semestre de 2025.

La contradicción de la Unión Europea es evidente. El SGP+ obliga a cumplir 27 convenios sobre derechos humanos, pero en la práctica Bruselas sostiene un sistema que favorece a magnates textiles que explotan a los trabajadores. A esto se suma el Consejo Especial para la Facilitación de las Inversiones (SIFC), señalado por corrupción tras mover 1.900 millones de dólares en 2024. Al mismo tiempo, Pakistán pide préstamos al FMI y aplica impuestos que ahogan a su propia industria, mientras sigue recibiendo dinero europeo.

La experiencia histórica demuestra que las ayudas mal diseñadas pueden reforzar regímenes autoritarios. El debate ahora es si el SGP+ debería seguir aplicándose sin condiciones más estrictas a un país que acumula denuncias por violaciones de derechos humanos y falta de transparencia. La cuestión no es sólo económica: afecta también a la credibilidad —ya entredicho— de la política exterior de la Unión Europea.