El Parlamento Europeo ha debatido este martes sobre el Informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho en 2024, un documento que se ha convertido en un instrumento de presión ideológica con el que Bruselas pretende condicionar a los gobiernos nacionales, restringir la libertad de expresión y socavar la soberanía de los Estados miembros.

El texto insiste en la lucha contra la «desinformación», un concepto que abre la puerta a la censura de opiniones incómodas para Bruselas. Como parte de esta estrategia, el informe señala directamente a la red social X (antiguo Twitter) y a su propietario, Elon Musk, y les acusa de «manipular la opinión pública» por no someterse a los dictados de la Comisión Europea en materia de control de contenidos.

«El informe sobre el Estado de Derecho que se debate aquí es una clara manifestación del deterioro democrático que atraviesa la Unión Europea. Deterioro democrático porque el informe propone cancelar un derecho fundamental como es la libertad de expresión con la excusa de la desinformación. Llegados aquí, ¿por qué no detallan directamente quién puede votar y quién no? ¿Quién está capacitado o no para votar a ojos del ponente socialista?», ha señalado el eurodiputado de VOX Jorge Martín Frías.

Además de la censura, el informe introduce la llamada «condicionalidad inteligente», una propuesta que permitiría a la Comisión Europea desviar fondos comunitarios a ONG afines. Esto supone un mecanismo de presión política que favorece a actores alineados con la agenda progresista de Bruselas. Martín Frías ha denunciado esta manipulación de los recursos europeos: «No vamos a hablar de las injerencias reales, no vamos a hablar de las injerencias de la Comisión o de la promoción de sus candidatos y persecución de los gobiernos que no son santos de su devoción. No vamos a hablar del dinero destinado a medios de comunicación por la Comisión meses antes de las elecciones«.

También busca ampliar las competencias en materia penal en la UE al proponer la inclusión de la violencia de género como un delito europeo y la regulación del consentimiento bajo el principio de «sólo sí es sí». Estas medidas suponen una ruptura con el principio de igualdad ante la ley y pueden derivar en legislaciones similares a la española, con efectos desastrosos. «La propuesta de introducir la violencia de género como un delito es la consagración de la desigualdad ante la ley y, por tanto, la voladura del Estado de derecho, como sucedió ayer en España con la aprobación de todos los partidos», ha advertido el eurodiputado.

Además, el informe vuelve a cargar contra Hungría, instando a suspender los fondos europeos destinados a Budapest hasta que el Gobierno de Viktor Orbán cumpla con las exigencias de Bruselas, pero ignora la crisis institucional en España, donde la izquierda ha dinamitado la separación de poderes sin que la Comisión Europea se haya posicionado al respecto.