El jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, retrató este miércoles en Estrasburgo a la exministra de Economía y actual presidenta Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, a quien recordó que antes se unía al cierre de las nucleares en España y ahora dice que va a financiar proyectos nucleares: «Cinco años pegada a Sánchez no pasan en balde».
En la sesión plenaria, incidió en el caso Koldo, el cobro de comisiones en contratos de mascarillas por parte de una trama que dirigía Koldo García, el «amigo de Sánchez» y exasesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos. «Una presunta pero enorme trama de contratos públicos con sobreprecio para pagar la clásica mordida socialista. Vamos por 50 millones… y subiendo, fondos que luego presuntamente blanquearon en Luxemburgo y países terceros», agregó Buxadé, antes de recordar que están implicados la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, por contratos cuando eran presidentes de Baleares y de Canarias, respectivamente.
Este martes se conoció que la Fiscalía Anticorrupción envió a la Fiscalía Europea contratos del caso firmados con los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias por importe conjunto de 15,3 millones de euros al entender que se abonaron con fondos europeos y que, por ende, «son competencia del órgano comunitario».
«Y todo con fondos europeos, de esos que usted gestionaba, algo nos podrá decir», reiteró Buxadé antes de exigir a Calviño que «corte el grifo a Marruecos», se dedique a financiar cualquier proyecto rentable «liberando al BEI del fanatismo climático» y llame a Sánchez para decirle que «se vaya a casa».
Precisamente este miércoles Buxadé ha dirigido un escrito a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) para solicitar una investigación exhaustiva sobre la nueva trama de corrupción del PSOE. En la misiva pide investigar no sólo los contratos relacionados con el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, sino también aquellos realizados por los gobiernos de Baleares y Canarias.
