La Comisión Europea de Ursula von der Leyen, al igual que George Soros, también está detrás de la financiación de algunas organizaciones que han respaldado movilizaciones sociales en Europa. La documentación consultada identifica cinco entidades que han recibido ayudas europeas o participado en proyectos financiados por Bruselas y que han convocado manifestaciones, apoyado reivindicaciones o denunciado la actuación policial: LDH, FIDH y OMCT en Francia, y ARCI y CGIL en Italia.

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) anunció en enero de 2024 un acuerdo de colaboración financiera con la Comisión para el periodo 2023–2027, dentro del instrumento NDICI–CSO. El programa dispone de un presupuesto total de 5.555.500 euros, aunque el anuncio no desglosa la aportación de cada financiador ni los desembolsos realizados. La federación también incluye a Open Society Foundations entre sus colaboradores económicos privados. El pasado 9 de octubre respaldó las reivindicaciones estudiantiles francesas y cuestionó la respuesta policial.

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), que también se pronunció sobre las movilizaciones francesas, ofrece un desglose contable más concreto. Sus cuentas de Ginebra registraron en 2024 1.925.276,05 francos suizos procedentes de la Comisión Europea, repartidos entre cuatro programas sobre defensores de derechos humanos, lucha contra la tortura y actividades regionales. Ese mismo documento recoge otros 620.616,71 francos suizos de Open Society Foundations para la movilización de la red SOS-Torture. Son ingresos destinados a los programas identificados en las cuentas, sin una transferencia específica acreditada para las protestas actuales.

La Liga de los Derechos Humanos francesa (LDH) y la asociación italiana ARCI comparten, por su parte, participación en Net4Defenders. Este proyecto recibió financiación del programa europeo CERV y contó con 603.140 euros para el conjunto del consorcio, coordinado por NOVACT durante 2024–2025. La cifra corresponde al proyecto completo y no permite determinar cuánto recibió individualmente cada socio. La LDH publicó un llamamiento para organizar o apoyar las manifestaciones estudiantiles del 6 de octubre y suscribió posteriormente el comunicado conjunto con FIDH y OMCT.

En Italia, ARCI llamó expresamente a participar junto con la confederación sindical CGIL en la manifestación La Via Maestra, celebrada en Roma el 17 de octubre. Para CGIL consta una adjudicación publicada por la Comisión en febrero de 2021: 270.520 euros al proyecto PIT —Posting in Transport—, que coordinaba el sindicato para trabajar sobre los derechos de los trabajadores desplazados del transporte. La convocatoria documentada de ambas organizaciones corresponde a Roma; las fuentes examinadas no acreditan que organizaran los saqueos de Milán.

Estas relaciones financieras coinciden con una oleada de movilizaciones acompañada de graves episodios de violencia. En Francia, el presidente de la red nacional de Cámaras de Comercio e Industria, Alain Di Crescenzo, estimó que los disturbios del fin de semana del 17 de octubre habían afectado a más de 2.000 establecimientos y provocado daños por cientos de millones de euros. La financiación europea de las entidades está documentada, pero los registros consultados no demuestran que esas ayudas sufragaran los saqueos ni permiten atribuir a las cinco organizaciones la autoría de los actos violentos.