La trama corrupta de las cloacas del PSOE cobró a empresarios 4.000 euros mensuales, más IVA, a cambio de ofrecerles su intermediación para acceder a contratos públicos. Según la documentación del sumario examinada por El Confidencial, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández utilizaba una sociedad zaragozana, Mediaciones Martínez SL, para formalizar estos acuerdos. Las actuaciones se investigan en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, dirigido por Santiago Pedraz.
Entre las operaciones bajo sospecha figura la adjudicación a la compañía de demoliciones Erri Berri de un contrato de 2,8 millones de euros del Parque Empresarial Principado de Asturias, dependiente de Sepides y, a través de esta, de la SEPI. Anticorrupción sostiene que la empresa abonó al menos 575.857 euros a Mediaciones Martínez para obtener ese encargo. El periódico también señala que Tubos Reunidos pagó 247.459 euros por las gestiones para conseguir un rescate público de 112,8 millones. La mitad de esa comisión habría pasado por la sociedad zaragozana y, según la información publicada, en las gestiones participaron dirigentes del PNV como Andoni Ortuzar, a través de Antxón Alonso.
La mercantil que recibía los pagos carecía de trabajadores, pero declaró ingresos superiores a medio millón de euros en 2022. El Confidencial vincula la mayor parte de esa facturación con las presuntas comisiones investigadas. Su administrador, Carmelo Aznárez, figura como investigado desde el registro que la UCO practicó en sus dependencias en diciembre de 2025, durante el que intervino abundante documentación. La sociedad también aparece relacionada con otros recursos utilizados por los implicados: el Skoda que conducía Leire Díez figuraba, según el diario, a nombre de la empresa.
La captación de clientes se apoyaba en los contactos que Fernández aseguraba conservar tras presidir la SEPI entre 2018 y 2019. Según las fuentes citadas por el periódico, organizaba comidas con empresarios a las que acudían Leire Díez, responsable de Relaciones Institucionales y Filatelia de Correos hasta enero de 2024, y Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar. Los tres se comunicaban mediante un chat denominado «Hirurok», que significa «nosotros tres» en euskera y que fue localizado por la Guardia Civil. Alonso presumía de mantener una relación cercana con la presidenta navarra, María Chivite, y de disponer de acceso a dirigentes del PNV.
Tras esos encuentros se suscribían contratos de asesoramiento por 48.000 euros anuales, más IVA, con una vigencia mínima de doce meses y posibilidad de prórroga. Mediaciones Martínez aparecía identificada como la consultora encargada de buscar oportunidades comerciales, estudiar inversiones, apoyar planes de negocio y facilitar reuniones con posibles clientes. Los acuerdos imponían reserva sobre la información intercambiada e incluían una cláusula que obligaba a respetar la legislación contra la corrupción pública y privada, además de mantener los «más altos estándares en materia de ética empresarial».
La oferta de intermediación se extendía a adjudicaciones de Correos y Mercasa, además de contratos y operaciones de financiación de la SEPI. Fernández, Díez y Alonso también aseguraban poder acelerar en el País Vasco la obtención de clasificaciones empresariales necesarias para concurrir a determinadas licitaciones. Esas acreditaciones, una vez concedidas, podían utilizarse para contratar con otras administraciones españolas.
