Alemania, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Grecia ultiman un acuerdo con Ruanda para establecer un centro de deportación de inmigrantes ilegales fuera del territorio de la Unión Europea. La iniciativa, que previsiblemente será anunciada este lunes en Viena, pretende facilitar las expulsiones de extranjeros que carecen de autorización para permanecer en suelo comunitario.
Según han adelantado Euronews y Reuters, las negociaciones entre los cinco Gobiernos europeos y las autoridades ruandesas se encuentran en su fase final, después de varios meses de conversaciones. El canciller austríaco, Christian Stocker, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, tienen previsto comparecer esta tarde para presentar los detalles del proyecto.
Las instalaciones podrían comenzar a recibir a los primeros inmigrantes durante la primavera o el verano de 2027. En una primera fase, el programa estaría limitado a entre 100 y 200 personas, aunque posteriormente podría ampliarse con la incorporación de otros Estados europeos.
El proyecto estará dirigido principalmente a extranjeros cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas y que hayan agotado las vías legales para permanecer en la Unión Europea, pero cuya devolución a sus países de origen presente dificultades.
Los inmigrantes trasladados a Ruanda recibirían permisos de residencia y podrían circular libremente por el país africano. Los cinco Estados europeos asumirían los costes de los traslados y del funcionamiento de las instalaciones, aunque todavía no se ha concretado el importe de la operación.
La iniciativa ha sido posible gracias al nuevo Reglamento europeo de Retorno, aprobado definitivamente el pasado 1 de octubre, que permite a los Estados miembros establecer centros de deportación en terceros países mediante acuerdos bilaterales.
La propia Unión Europea reconoce que alrededor de dos de cada tres extranjeros que reciben una orden de expulsión no abandonan efectivamente el territorio comunitario. Los Gobiernos impulsores del proyecto consideran que estos centros permitirán aumentar la eficacia de los retornos y desincentivar la inmigración ilegal.
La propuesta cuenta con un respaldo creciente entre los Estados miembros. El pasado mes de junio, 19 de los 27 Gobiernos comunitarios suscribieron una carta en defensa de soluciones innovadoras para la gestión migratoria. España y Francia, por el contrario, se han mostrado contrarias al establecimiento de estos centros de deportación en terceros países.
Ruanda ya alcanzó en 2022 un acuerdo con Reino Unido para recibir a solicitantes de asilo, aunque aquel proyecto fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo británico en 2023 y posteriormente abandonado.
A diferencia del modelo británico, la iniciativa de los cinco países europeos se aplicaría a personas que ya han agotado sus posibilidades legales de permanecer en territorio comunitario. No obstante, distintas organizaciones han advertido de posibles obstáculos judiciales relacionados con las garantías de protección de los deportados.
El nuevo proyecto podría convertirse en un precedente para otros países europeos interesados en establecer acuerdos similares con Estados africanos.