La tensión volvió a estallar en Loosdrecht, en Países Bajos, tras la llegada del primer grupo de solicitantes de asilo al refugio temporal instalado en el antiguo ayuntamiento de Wijdemeren. Una protesta de los vecinos contra el centro terminó en disturbios, lanzamiento de fuegos artificiales y bengalas, incendios en el exterior del edificio y una fuerte intervención policial.

El centro de acogida ha sido habilitado en una sección vacía del antiguo edificio municipal y funcionará como alojamiento de emergencia para solicitantes de asilo. Su apertura ha provocado una fuerte oposición local desde hace semanas, con protestas en las que los vecinos denuncian falta de información, ausencia de consulta real y una imposición política por parte de las autoridades.

La movilización comenzó de forma pacífica, con banderas, consignas y fuegos artificiales contra la instalación del refugio. Sin embargo, a medida que avanzó la tarde, la situación se deterioró. Según las imágenes difundidas en redes sociales, se lanzaron antorchas, bengalas y pirotecnia hacia el edificio, lo que provocó un incendio en los arbustos situados en el exterior.

Los agentes trataron de sofocar las llamas mientras algunos manifestantes intentaban impedirles el acceso a la zona. Bomberos y policías fueron alcanzados por objetos lanzados por parte de los asistentes. Finalmente, las autoridades lograron extinguir el fuego, aunque el edificio sufrió daños materiales.

La Policía desplegó unidades antidisturbios para recuperar el control del perímetro y detuvo al menos a un manifestante. Las autoridades neerlandesas han condenado la violencia, mientras vecinos críticos con el dispositivo acusan a la Policía de actuar con una dureza desproporcionada contra residentes que protestaban por una decisión impuesta.

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, calificó los disturbios de «absolutamente escandalosos» y defendió que los ciudadanos pueden expresar sus preocupaciones, pero nunca recurrir a la violencia. Su mensaje, sin embargo, no ha apagado el malestar de quienes consideran que el Gobierno escucha antes a las estructuras de acogida que a los propios vecinos.

La instalación del centro de Loosdrecht forma parte de una tensión más amplia provocada por la Spreidingswet, la ley de distribución aprobada en 2024 para obligar a los municipios a acoger cuotas de solicitantes de asilo. La norma ha generado rechazo en distintas localidades, donde muchos residentes denuncian que las decisiones se adoptan desde arriba sin tener en cuenta la seguridad, la capacidad de los servicios públicos o la voluntad de las comunidades afectadas.

Las protestas contra centros de asilo se han multiplicado en Países Bajos en los últimos meses. En Apeldoorn, varias mujeres salieron esta semana a la calle para denunciar que la llegada de grupos de solicitantes de asilo aumenta su sensación de inseguridad y que sus preocupaciones son descalificadas como «racistas» o «extremistas» por políticos y medios de comunicación.