La Justicia alemana abre este martes en el Tribunal Regional Superior de Dresde el esperado juicio contra los presuntos miembros de la ‘Banda del Martillo’, una red violenta vinculada al entorno antifa acusada de cometer ataques planificados con martillos y porras extensibles en Alemania y Hungría. La organización habría actuado durante años con un nivel de violencia extrema, seleccionando víctimas al azar por su supuesta ideología.
Los principales acusados, Johann Guntermann y Paul M., se enfrentan a cargos de pertenencia a organización criminal, apoyo a grupo extremista y intento de asesinato. El proceso se ha retrasado varias veces, la última debido a la “indisponibilidad” de la defensa.
Según la Fiscalía, el grupo operaba mediante acciones clandestinas: ataques sorpresa en plena calle, sin provocación previa y dirigidos contra personas señaladas —sin prueba alguna— como «derechistas».
Entre los casos más graves figura una ola de agresiones en Budapest, donde varios extremistas de la red atacaron a peatones durante un acto conmemorativo. Las víctimas fueron golpeadas con martillos y bastones telescópicos, sufriendo heridas de extrema gravedad y, en algunos casos, lesiones permanentes.
Entre 2018 y 2020 el grupo llevó a cabo ataques en Leipzig, Wurzen y Eisenach, lo que llevó a la condena, en 2023, de la conocida militante ultraizquierdista Lina Engel, sentenciada a más de cinco años de prisión junto a otros tres acusados.
Una parte esencial del caso proviene de las declaraciones del exmiembro Johannes Domhöver, que decidió colaborar con las autoridades. Domhöver describió cómo el grupo organizaba «proyectos» de violencia: agresiones en la vida cotidiana y ataques relámpago vinculados a manifestaciones, siempre buscando causar daños físicos duraderos.
En junio de 2025, la Fiscalía Federal alemana presentó nuevos cargos contra siete integrantes de la red vinculada a Engel por intento de asesinato, lesiones graves, robo agravado y daños a la propiedad.
Uno de los aspectos más polémicos del caso sigue siendo la situación de la eurodiputada italiana Ilaria Salis, imputada por Hungría por su presunta participación directa en los ataques de Budapest.
Sin embargo, tras su entrada en el Parlamento Europeo como representante de la Alianza de la Izquierda y los Verdes, obtiene inmunidad parlamentaria. El 7 de octubre de 2025, el pleno de la Eurocámara votó mantener dicha inmunidad, bloqueando su entrega a Hungría para ser juzgada por cargos que incluyen intento de asesinato.
La decisión provocó una ola de críticas, entre ellos la de la eurodiputada de la Lega Isabella Tovaglieri, quien denunció que la UE ofrece «una imagen terrible» al proteger a una activista acusada de violencia política extrema mientras se presume de defender el Estado de derecho.
El proceso que ahora comienza será uno de los más extensos de los últimos años sobre violencia de extrema izquierda en Europa. La Fiscalía sostiene que la ‘Banda del Martillo’ actuó como una organización criminal estructurada, con células dedicadas a la violencia política y conexiones transnacionales.
