Un tribunal húngaro ha condenado a ocho años de cárcel a un activista alemana de Antifa que se identifica como no binario por su participación en una oleada de agresiones violentas en Budapest en febrero de 2023. La sentencia, dictada en primera instancia por el Tribunal Regional de la capital, considera probado que el acusado actuó como parte de una organización criminal y es responsable de intento de lesiones graves, un fallo que aún puede ser recurrido.
El condenado, Maja T., vinculado a círculos de la extrema izquierda radical en la ciudad alemana de Jena, formó parte de un grupo de militantes de Antifa que perpetró al menos cinco ataques coordinados en los días previos y posteriores al denominado «Día del Honor», una controvertida conmemoración anual que atrae a grupos ultras de distintos países europeos. Según la Fiscalía, los agresores seleccionaban a sus víctimas por su apariencia y supuesta vinculación con el acto y las atacaban por la espalda con barras de hierro, martillos y otros objetos contundentes.
El balance fue de nueve personas agredidas, cuatro de ellas con heridas de extrema gravedad, incluidas fracturas óseas, traumatismos craneales y pérdidas severas de sangre, algunas potencialmente mortales. Las víctimas eran tanto ciudadanos húngaros como extranjeros que transitaban por las zonas donde operaba el grupo.
Maja T. fue extraditada desde Alemania a Hungría en 2024 tras un proceso judicial polémico, en el que tribunales alemanes mostraron inicialmente reticencias alegando preocupaciones sobre las condiciones penitenciarias para presos no binarios. Finalmente, la entrega se ejecutó en una operación nocturna y bajo fuertes medidas de seguridad, incluida su transferencia en helicóptero para evitar disturbios. Durante su prisión preventiva, la acusada llegó a iniciar una huelga de hambre en protesta por su trato.
La Fiscalía húngara había solicitado una pena mucho más elevada, de hasta 24 años de prisión, y ofreció un acuerdo de conformidad de 14 años que la acusada rechazó. En sus últimas palabras ante el tribunal, Maja T. acusó al Gobierno de querer dar un escarmiento político y afirmó que «todo el mundo sabe qué sentencia quiere el primer ministro», en referencia a Viktor Orbán y su política de tolerancia cero frente a la violencia callejera de extrema izquierda.
El caso se enmarca en la denominada investigación del «Complejo de Budapest», una macrocausa sobre violencia organizada de Antifa. Entre los investigados figura también Ilaria Salis, eurodiputada italiana acusada de participar en el llamado «grupo del martillo», que ha evitado hasta ahora ser juzgada en Hungría gracias a su inmunidad parlamentaria, concedida por mayorías de izquierdas en el Parlamento Europeo.
Otros sospechosos alemanes han sido procesados en su país, con condenas de hasta cinco años, mientras que tribunales de Italia y Francia han rechazado entregar a varios implicados alegando riesgos de «trato inhumano» en las cárceles húngaras. Desde Budapest, las autoridades han defendido el veredicto como una advertencia clara: la violencia ideológica en las calles no quedará impune. En 2025, Hungría incluyó a Antifa en su lista de organizaciones terroristas.