David Toshack, veterano del Ejército británico y futuro agente de custodia en el tribunal de Kirkcaldy (Escocia), ha sido despedido por GEOAmey, una de las mayores empresas de seguridad del país, tras declarar que no se sentía cómodo usando pronombres femeninos con presos varones que se identifican como mujeres. El comentario lo hizo durante una sesión de formación obligatoria, días antes de incorporarse oficialmente a su puesto. La empresa consideró que su opinión vulneraba su política interna y el marco legal de igualdad, y procedió a su cese inmediato por “no superar el periodo de prueba”.

Toshack, padre de tres hijos y sin antecedentes disciplinarios ni penales, había sido seleccionado para el cargo tras pasar los filtros previos y completar varias semanas de formación. Pero su trayectoria laboral se vio truncada el 7 de enero, cuando —durante una sesión sobre seguridad y trato a reclusos— afirmó que un hombre no puede convertirse en mujer y que no participaría en esa imposición ideológica. Fue expulsado del aula, obligado a devolver su uniforme, y posteriormente informado de su despido por escrito.

Ahora, el exmilitar ha llevado a GEOAmey a los tribunales por discriminación y acoso por motivos de creencia, con el apoyo legal de la Free Speech Union. El caso puede convertirse en un precedente para otros empleados del sistema penitenciario británico obligados a usar pronombres que contradicen su conciencia, su religión o la realidad biológica.

En declaraciones a The Mail, Toshack aseguró: «He estado dispuesto a luchar y morir por mi país, y al volver me dicen que hay cosas que no puedo pensar ni decir». Insiste en que su postura no responde al fanatismo, sino al sentido común: «Llamar mujer a un hombre es una mentira. No está basado en la ciencia, ni en la biología, ni en la realidad».

El despido, que ha generado críticas entre expertos en políticas públicas y libertad de expresión, se enmarca en el clima represivo que silencia cualquier disidencia frente a la ideología de género. La analista Dr. Kath Murray considera el caso como un ejemplo claro de discurso forzado, y advierte de que cada vez más empresas acabarán en los tribunales por ignorar la protección legal de los trabajadores con creencias “críticas con el género”.

GEOAmey se ha limitado a declarar que no hará comentarios mientras el proceso esté abierto.