Un ciudadano guineano de 23 años ha ingresado en prisión provisional en Francia acusado de golpear y violar a una menor de 17 años en la localidad de Évreux, pese a que sobre él pesaba ya una orden para abandonar el territorio francés que nunca llegó a ejecutarse.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado 26 de julio, aunque los detalles del caso han trascendido ahora, más de un mes después. La víctima, que residía en un centro de acogida y recibía atención psicológica, se encontró con el sospechoso cerca de la catedral de Évreux.

Según la Fiscalía, el hombre la habría obligado a subir a su vehículo bajo amenazas. Posteriormente se detuvo en un establecimiento de comida antes de llevarla hasta su domicilio, situado también cerca de la catedral.

La habría abofeteado antes de violarla

Una vez dentro del apartamento, el acusado habría abofeteado a la menor, la habría empujado sobre una cama y posteriormente la habría violado mientras ella lloraba y pedía auxilio, según la información publicada por la prensa francesa. Los gritos fueron escuchados por un compañero de piso. El hombre, temiendo enfrentarse directamente al sospechoso, decidió llamar a la Policía.

Cuando los agentes llegaron al domicilio, el acusado trató de tranquilizarlos asegurando que «todo está bien». Sin embargo, los policías pudieron escuchar desde el interior de la vivienda los sollozos de la adolescente, por lo que accedieron inmediatamente al inmueble.

Diez días de incapacidad para la víctima

La joven fue posteriormente sometida a un reconocimiento médico. Los facultativos determinaron diez días de incapacidad temporal como consecuencia de los hechos denunciados. El sospechoso ha negado haber cometido una violación y sostiene que las relaciones fueron consentidas.

La Fiscalía, sin embargo, se opuso a su puesta en libertad y pidió su ingreso en prisión preventiva al considerar especialmente relevante la vulnerabilidad de la víctima, el riesgo de que el acusado pudiera presionarla y su situación migratoria irregular.

Tenía una orden para abandonar Francia que nunca se ejecutó

El caso ha vuelto a colocar bajo el foco el fracaso de Francia para ejecutar determinadas órdenes de expulsión. El ciudadano guineano ya tenía dictada una orden para abandonar el territorio francés, pero permanecía en el país cuando se produjeron los hechos.

Según las informaciones disponibles, el sospechoso trabajaba de forma estable en el sector de la carrocería en la región parisina y no tenía condenas penales anteriores. Su situación administrativa, sin embargo, era ilegal y las autoridades francesas ya habían determinado previamente que debía abandonar el país. Pese a ello, la medida nunca llegó a hacerse efectiva.