Dinamarca endurecerá de forma drástica su política migratoria y comenzará a expulsar a los extranjeros no comunitarios condenados a un año o más de prisión por delitos graves, una medida que marca un giro contundente frente a las restricciones impuestas hasta ahora por la interpretación expansiva de las normas internacionales.

El Gobierno danés confirmó que los ciudadanos extranjeros condenados por delitos como agresiones agravadas o violaciones deberán ser deportados una vez cumplida su pena de cárcel. Hasta ahora, estas expulsiones no eran automáticas debido a la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, especialmente en lo relativo a la protección de la vida familiar y privada.

La decisión refuerza la línea política del Ejecutivo encabezado por Mette Frederiksen, que ha defendido abiertamente que los Estados europeos deben priorizar la seguridad de sus sociedades frente a la protección de delincuentes extranjeros. En palabras de la primera ministra, las normas internacionales nunca fueron concebidas para impedir la expulsión de personas que llegan a Europa y acaban cometiendo delitos violentos.

Dinamarca se suma así al pulso que varios países europeos mantienen contra la actual interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al considerar que limita de facto la capacidad de los Estados para deportar a criminales extranjeros, incluso tras condenas firmes. Copenhague ya ha reclamado junto al Reino Unido una revisión del marco jurídico europeo en esta materia.

Las cifras oficiales muestran que alrededor del 70% de los extranjeros condenados a penas superiores a un año por delitos graves ya han sido expulsados, pero el Gobierno considera insuficiente ese porcentaje y busca cerrar cualquier resquicio legal que permita su permanencia en el país.

Además de las expulsiones automáticas, el Ejecutivo danés insiste en que la protección internacional debe ser estrictamente temporal. Entre las nuevas medidas figuran incentivos reforzados para el retorno voluntario y un endurecimiento de las condiciones para quienes permanezcan en centros de salida, incluyendo el uso de pulseras electrónicas para quienes incumplan las obligaciones de control.

El paquete de reformas entrará en vigor el próximo 1 de mayo, consolidando a Dinamarca como uno de los países europeos con una política más dura frente a la inmigración criminal y marcando distancias con el enfoque dominante en Bruselas.