La Asamblea Nacional de Francia dio este martes un paso decisivo hacia una de las viejas aspiraciones de la izquierda: conceder el derecho de voto y elegibilidad en elecciones municipales a inmigrantes extracomunitarios residentes en el país. La Comisión de Asuntos Jurídicos aprobó una proposición de reforma constitucional que será debatida en sesión plenaria el próximo 12 de febrero.

Impulsada por formaciones de izquierda y ecologistas, la iniciativa permitiría a ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea participar en comicios municipales, una medida que sus promotores presentan como un gesto de «inclusión democrática», pero que la derecha denuncia como una operación de ingeniería electoral destinada a compensar el desgaste político de la izquierda y capitalizar el impacto demográfico de la inmigración masiva.

Actualmente, desde 1992, los ciudadanos de la UE residentes en un Estado miembro distinto al de su nacionalidad pueden votar y presentarse como candidatos en elecciones municipales y europeas. La propuesta ahora en discusión ampliaría ese derecho a extranjeros procedentes de terceros países, afectando potencialmente a más de seis millones de personas, según estimaciones de los propios diputados impulsores.

El texto permitiría además que los inmigrantes extracomunitarios pudieran convertirse en concejales, aunque seguirían excluidos del acceso a la alcaldía. Los defensores de la reforma argumentan que estos residentes «participan en la vida cotidiana de las ciudades, pagan impuestos locales y contribuyen a la economía».

Sin embargo, el proyecto ha generado una fuerte oposición en los sectores conservadores y soberanistas. Tanto Agrupación Nacional de Marine Le Pen como otras fuerzas de la derecha han advertido de que el control del poder municipal tiene consecuencias directas sobre el equilibrio institucional del país, ya que los concejales participan en la elección de los senadores.

La polémica se produce además en un contexto de creciente preocupación por el auge del llamado «comunitarismo municipal», especialmente en ciudades con fuerte presencia inmigrante. Según informaciones recogidas por medios franceses, el Ministerio del Interior vigila ya varias decenas de municipios ante la proliferación de listas de carácter comunitario o estrategias de entryism político. En Estrasburgo, por ejemplo, candidatos de la extrema izquierda han llegado a difundir propaganda electoral en turco y árabe para dirigirse explícitamente a electorados de origen inmigrante.

Aunque la aprobación en comisión ha sido presentada como una victoria simbólica por la izquierda, el recorrido institucional de la reforma es incierto. Al tratarse de una modificación constitucional impulsada por parlamentarios, el texto deberá ser aprobado tanto por diputados como por senadores y, posteriormente, ratificado mediante referéndum. En cualquier caso, la reforma no podría aplicarse a las elecciones municipales previstas para marzo de este año.