El anuncio de la nueva regulación de inmigrantes ilegales planificada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha provocado un aumento repentino de personas en consulados extranjeros situados en ciudades como Alicante o Barcelona, donde las autoridades han tenido que reforzar la vigilancia ante largas filas y episodios de tensión, según ha avanzado Abc.
Uno de los puntos más concurridos se registró en el Consulado de Argelia en Alicante, donde cerca de 250 personas acudieron sin cita previa para realizar gestiones administrativas. Según fuentes policiales, la concentración obligó a cortar temporalmente la calle y a desplegar un dispositivo de seguridad permanente tras detectarse empujones y momentos de nerviosismo entre algunos asistentes.
Las Brigadas de Información de la Policía Nacional, en coordinación con unidades de Extranjería, iniciaron averiguaciones para conocer el origen de esta afluencia. Las primeras pesquisas indican que muchos de los asistentes no residían en España, sino que habrían llegado desde otros países europeos, especialmente Francia, con la intención de explorar vías para regularizar su situación en el continente.
De acuerdo con fuentes policiales, algunos intentan reunir documentación que justifique una estancia previa en España, mientras que otros buscan asesoramiento o apoyo de compatriotas que llevan más tiempo en territorio nacional. El objetivo principal sería demostrar arraigo o vínculos suficientes para acogerse a posibles procesos administrativos, aunque su intención posterior sería regresar a otros países europeos.
Una dinámica similar se ha observado en Barcelona, donde ciudadanos pakistaníes acudieron en gran número a su consulado para informarse sobre requisitos y trámites. El llamado «boca a boca» ha multiplicado las consultas y ha provocado un incremento notable de solicitudes de información y documentación.
El aumento de gestiones ha generado preocupación entre los agentes, que advierten de agendas saturadas y una carga burocrática creciente. Sindicatos policiales señalan que este volumen adicional de expedientes podría ralentizar otros trabajos, como la lucha contra redes de inmigración ilegal o la investigación de delitos relacionados con la trata de personas.
