La regularización de medio millón de inmigrantes en situación ilegal aprobada esta semana por el Gobierno ha encendido todas las alarmas entre expertos, mandos policiales y sindicatos de las fuerzas de seguridad. Lejos de verse como una solución ordenada, la iniciativa es interpretada por estos colectivos como una señal de permisividad que puede tener efectos inmediatos y difíciles de revertir.
Uno de los aspectos que más inquieta a los expertos consultados es el impacto psicológico y operativo que la decisión tiene sobre quienes trabajan a diario para frenar las llegadas irregulares. Tras años de esfuerzos para reducir los flujos y en un contexto en el que las entradas habían descendido de forma notable, consideran que la regularización supone desautorizar el trabajo policial y transmitir la idea de que entrar sin cumplir la ley acaba teniendo recompensa. A su juicio, el mensaje que se lanza es demoledor.
Ese mensaje, advierten, ya estaría circulando en países de origen y tránsito. Según estas fuentes, en redes sociales y canales informales se están difundiendo llamamientos a viajar a España ante la facilidad para obtener documentación. El resultado previsible, aseguran, es un repunte de las salidas irregulares y, con ello, de la actividad de las redes criminales dedicadas al tráfico de personas.
Las consecuencias humanas de este fenómeno preocupan especialmente. Organizaciones como Caminando Fronteras sostienen que una parte muy significativa de quienes se embarcan en rutas peligrosas nunca alcanza Europa, especialmente en la vía atlántica. Aunque las fuerzas de seguridad no publican cifras oficiales, fuentes policiales consultadas reconocen que el riesgo de muerte en estos trayectos es extremadamente alto. Si aumentan las salidas, alertan, aumentarán también las tragedias.
A este efecto llamada se suma otro elemento que los expertos consideran clave: España se estaría convirtiendo en un polo de atracción no sólo para personas que parten desde África, sino también para inmigrantes en situación irregular en otros países de la Unión Europea. La percepción de que el acceso al asilo es sencillo, que las expulsiones son poco frecuentes y que las regularizaciones se repiten en el tiempo haría que muchos intentaran desplazarse hasta aquí, incluso recurriendo a documentación falsa.
Desde un punto de vista estrictamente técnico, los especialistas critican que se premie a quienes han incumplido la normativa. Defienden que la inmigración debería canalizarse a través de vías legales, con visados y controles previos, y denuncian que el sistema actual está diseñado para dificultar las expulsiones. A su entender, regularizar masivamente sin exigir responsabilidades mina la credibilidad del marco legal y alimenta la inmigración ilegal futura.
Otra de las advertencias se refiere al número real de personas que acabarán beneficiándose de la medida. Aunque el Gobierno habla de medio millón, las fuentes consultadas recuerdan que la obtención de la residencia abre la puerta al reagrupamiento familiar. Parejas, hijos e incluso padres podrían solicitar venir a España, lo que multiplicaría el impacto inicial. Un cálculo de cuatro personas por cada regularizado, señalan, sería incluso prudente.
La seguridad ciudadana es otro de los frentes de preocupación. Fuentes policiales subrayan que el único filtro efectivo será la inexistencia de antecedentes penales, lo que deja fuera a quienes acumulan antecedentes policiales pero no han sido condenados. Pequeños delincuentes habituales, implicados en hurtos o robos menores, podrían acceder a la residencia legal pese a haber sido identificados en múltiples ocasiones. Para los agentes, este enfoque es un grave error.
A ello se suma la presión sobre los servicios públicos. Trabajo, vivienda, sanidad o educación ya operan en muchos territorios al límite de su capacidad. Integrar de golpe a cientos de miles de personas sin un plan claro, advierten los expertos, puede conducir a situaciones de exclusión social. Y la marginalidad, recuerdan, es uno de los principales factores de riesgo para el aumento de la delincuencia y para el rechazo social hacia la inmigración en general.
Los sindicatos policiales han expresado públicamente su malestar. El Sindicato Unificado de Policía denuncia que la regularización se ha anunciado sin refuerzos de personal ni garantías operativas, cargando aún más a una Policía Nacional que ya se encuentra saturada. Critican que no se haya aclarado cómo se verificarán identidades, cómo se comprobarán antecedentes reales o cómo se gestionará un volumen de expedientes que podría superar con creces el millón.
En la misma línea, Jupol advierte de que asumir de golpe cientos de miles de trámites adicionales provocará retrasos, colapso administrativo y una pérdida de capacidad en funciones esenciales. Entre ellas, señalan, la lucha contra las redes de inmigración ilegal, la persecución de la trata de seres humanos y el control documental en fronteras.
