Dos de cada tres británicos ya apoya la deportación masiva de inmigrantes ilegales, según una nueva encuesta que revela un cambio drástico en la opinión pública sobre la inmigración ilegal. El sondeo, realizado por JL Partners y publicado este miércoles, muestra que el 66% de la población total respalda la expulsión de todos los inmigrantes en situación ilegal en el Reino Unido, con sólo un 14% en contra y un 16% neutrales. Este apoyo trasciende líneas partidistas: entre los votantes conservadores y de Reform UK alcanza el 84%, pero incluso en el ala progresista, como los laboristas (63%), liberales demócratas (64%) y, de forma sorprendente, los verdes (42% a favor frente a un 30% en contra), la mayoría se inclina por medidas firmes.
Este giro en las preferencias electorales se produce en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad que azota al país. Según la Encuesta de Crimen para Inglaterra y Gales (CSEW), se registraron alrededor de 9,6 millones de delitos en el año hasta diciembre de 2024, un incremento del 14% respecto al período anterior, impulsado en parte por un repunte en delitos contra la propiedad y ciberdelitos.
La inmigración ilegal se ha convertido en un catalizador de estas ansiedades. El gobierno laborista de Keir Starmer ha removido a 5.179 criminales nacionales extranjeros en su primer año, un 14% más que en el período anterior, en un esfuerzo por abordar las tensiones. No obstante, las detenciones de inmigrantes que entran irregularmente han aumentado un 1,6%, vinculadas a grupos criminales organizados, según la Agencia Nacional del Crimen (NCA). Aunque estudios independientes, como el del Observatorio de Migración de Oxford, indican que los no británicos representan sólo el 12,4% de la población carcelaria —por debajo de lo esperado si se ajusta por edad y género—, y están subrepresentados en condenas en comparación con los ciudadanos británicos, el debate se ha intensificado con incidentes de alto perfil, como apuñalamientos masivos que han avivado demandas de mayor transparencia sobre la nacionalidad de los sospechosos.
Expertos atribuyen parte de esta percepción de inseguridad a la saturación de servicios públicos y la visibilidad de la inmigración en comunidades locales, exacerbada por la llegada de solicitantes de asilo —que superaron las 100.000 en el año hasta marzo de 2025, según el Consejo de Refugiados—. Sólo el 49% de los encuestados califica positivamente el trabajo de la policía local, un descenso que subraya la erosión de la confianza en las instituciones. En este clima, la encuesta de JL Partners no sólo consolida el apoyo a políticas de deportación masiva como posición mayoritaria —incluso entre votantes verdes, donde el respaldo supera a la oposición—, sino que plantea un desafío al gobierno laborista: equilibrar la gestión migratoria con la restauración de la seguridad percibida.
Políticos de oposición, como los de Reform UK, ya celebran estos datos como una validación de su agenda antiinmigración, mientras que el ala izquierda advierte de los riesgos de estigmatización. Con elecciones locales en el horizonte, el tema promete dominar el debate, recordando que la inseguridad no es solo un problema de cifras, sino de miedos colectivos.
