Seis de cada diez desempleados de larga duración en Bélgica son de origen extranjero, una cifra que ha generado un intenso debate político y social en el país justo cuando se aproxima una profunda reforma del sistema de subsidios por desempleo. Los datos oficiales, divulgados por el ministro de Empleo David Clarinval, confirman una tendencia persistente: la integración laboral de las personas con ascendencia no belga continúa siendo uno de los principales desafíos del mercado laboral.

Las estadísticas revelan que sólo el 41,5% de quienes perciben actualmente prestaciones por desempleo tienen padres de nacionalidad belga. El resto procede de entornos muy diversos, con un peso significativo de personas con raíces magrebíes, sobre todo originarias de Marruecos, Argelia, Túnez, Libia o Mauritania. También destaca la presencia de ciudadanos con vínculos con países del sur de Europa y de otros Estados miembros de la Unión Europea.

En conjunto, la composición de los desempleados de larga duración en Bélgica muestra una amplia mezcla de orígenes: un 41,5% son belgas de ascendencia nacional, un 12,8% proceden del Magreb, un 9,2% de países del sur de la UE, un 7,7% de países vecinos, un 4,5% de Asia, un 4,5% de origen no identificado, un 4,2% de otras regiones africanas, un 3,9% de Turquía, un 3,8% de países europeos fuera del bloque comunitario, un 3,4% del este de Europa, un 3,1% del Congo, Burundi o Ruanda y un 1,2% de Hispanoamérica. En total, los individuos de fuera de la UE —o con procedencias no declaradas— representan cerca del 38% del total de parados.

El economista laboral Stijn Baert, de la Universidad de Gante, señaló que Bélgica continúa figurando entre los países europeos con peores índices de empleo entre inmigrantes extracomunitarios. «Más de la mitad de los desempleados no europeos llevan más de un año sin trabajo. Solo Grecia registra peores cifras», afirmó en declaraciones al medio belga 7sur7.

El debate sobre la inclusión laboral se ha intensificado ante la inminente entrada en vigor de una reforma que limitará la duración de las prestaciones. A partir de enero de 2026, quienes sean menores de 55 años podrán percibir ayudas durante un máximo de dos años, mientras que los mayores de esa edad solo mantendrán el derecho si han cotizado al menos 30 años, cifra que subirá a 35 en 2030. Se calcula que más de 100.000 personas perderán sus subsidios, y las primeras notificaciones ya están siendo enviadas.

El propio ministro Clarinval, integrante del Partido Liberal, defendió la medida argumentando que busca fomentar la reincorporación al trabajo y evitar la dependencia crónica de las ayudas públicas. «El desempleo no puede convertirse en una profesión. Todos deben participar en el esfuerzo común, independientemente de su origen», afirmó.

Durante una entrevista en RTL, Clarinval reconoció que más de la mitad de las personas que dejarán de recibir ayudas el próximo año son de origen extranjero, un dato que calificó de «sorprendente» y que, según él, obliga a reforzar los controles sobre posibles casos de fraude. En 2024, se detectaron más de 5.800 irregularidades vinculadas a prestaciones, lo que ha llevado al gobierno a endurecer los mecanismos de verificación.

La publicación de las cifras ha desatado una tormenta política. Algunos diputados socialistas acusaron al Ejecutivo de «señalar» a las comunidades inmigrantes, mientras que desde el gobierno se insistió en que los datos hacen referencia al origen de los beneficiarios, no a su nacionalidad. De hecho, muchos de ellos nacieron en Bélgica o han adquirido posteriormente la ciudadanía mediante naturalización.