La Comisión Europea castigó durante años a los gobiernos conservadores polacos por sus reformas judiciales. Bastó la llegada del europeísta Donald Tusk para desbloquear miles de millones de euros, aunque la crisis institucional continuaba. La nueva batalla por el Tribunal Constitucional devuelve a primer plano una vieja acusación: la doble vara de medir de Bruselas.

La guerra por el control del Tribunal Constitucional en Polonia dura ya once años. Ahora enfrenta al Gobierno de Donald Tusk con el presidente conservador Karol Nawrocki y sus aliados de Ley y Justicia (PiS), que gobernaron el país durante ocho años. Pero hay un tercer protagonista que ha intervenido decisivamente en esta historia desde el principio, aunque sus responsables no tengan que presentarse a las elecciones: la Comisión Europea.

Bruselas lleva años utilizando la defensa del Estado de derecho como argumento para intervenir en los asuntos internos de los países miembros. La independencia judicial es uno de sus motivos favoritos de preocupación, especialmente cuando gobiernan partidos soberanistas. Y Polonia constituye un laboratorio extraordinario para comprobar cómo funciona ese celo institucional cuando cambian los ocupantes del poder.

La historia comenzó en 2015, cuando la coalición que estaba a punto de abandonar el Gobierno decidió cubrir cinco vacantes del Tribunal Constitucional, aunque dos de ellas correspondían a la legislatura siguiente. El PiS, vencedor de las elecciones, respondió anulando los nombramientos y designando a otros cinco magistrados. El tribunal declaró válidos tres de los nombramientos originales, pero la nueva mayoría conservadora siguió adelante con los suyos. La crisis estaba servida.

Bruselas entró en escena como «defensora de la legalidad». Durante los ocho años siguientes, la Comisión Europea mantuvo un enfrentamiento casi permanente con el Gobierno conservador polaco por sus reformas judiciales. Hubo procedimientos de infracción, sentencias europeas y amenazas de sanciones. Algunas de las objeciones tenían fundamentos jurídicos reconocidos por los tribunales europeos, pero el conflicto terminó convirtiéndose también en una disputa sobre soberanía: hasta dónde podía llegar un Gobierno elegido por los polacos en la reforma de sus propias instituciones y hasta dónde podían impedírselo unas autoridades comunitarias que nadie había elegido en Polonia.

Bruselas tenía un argumento particularmente persuasivo: el dinero. Las distintas restricciones sobre fondos comunitarios llegaron a afectar a cantidades extraordinarias, que algunas estimaciones situaban alrededor de los 136.000 millones de euros. Para un país que había utilizado masivamente los recursos europeos para modernizar sus infraestructuras y su economía, la presión era formidable. Los fondos estaban sometidos a mecanismos y requisitos diferentes, pero el mensaje político resultaba inequívoco: enfrentarse a la Comisión podía salir extraordinariamente caro.

Entonces llegaron las elecciones de octubre de 2023. El PiS fue el partido más votado, pero perdió la mayoría parlamentaria. Donald Tusk, antiguo presidente del Consejo Europeo y del Partido Popular Europeo, consiguió formar Gobierno en diciembre. Era un viejo conocido de Bruselas, un europeísta convencido y un político cuya orientación encajaba mucho mejor con la de la Comisión que la de sus predecesores conservadores.

Y ocurrió algo extraordinario. En febrero de 2024, apenas dos meses después de su llegada al poder, la Comisión anunció que sus decisiones permitirían a Polonia acceder a hasta 137.000 millones de euros de financiación europea. En mayo dio otro paso y puso fin al procedimiento del artículo 7, abierto contra Varsovia en 2017 por el riesgo de vulneración grave de los valores de la Unión.

La explicación oficial fue que el nuevo Gobierno había realizado avances suficientes y presentado compromisos creíbles para restablecer la independencia judicial. Pero había un pequeño inconveniente: buena parte de las reformas seguía pendiente y el problema del Tribunal Constitucional estaba lejos de resolverse. Bruselas había aceptado los compromisos del nuevo Ejecutivo como fundamento para modificar sustancialmente su respuesta. La misma crisis que había contribuido a justificar años de enfrentamiento con los conservadores podía ahora encaminarse hacia una solución mediante promesas de reforma.

Tusk, entretanto, emprendió su propia ofensiva sobre las instituciones heredadas del PiS. Su Gobierno cuestionó la legitimidad de determinados magistrados constitucionales y dejó de publicar algunas resoluciones del tribunal, alegando irregularidades en su composición. Los conservadores denunciaron que el Ejecutivo se arrogaba la facultad de decidir qué sentencias merecían ser obedecidas. Tusk sostenía que estaba reparando los daños causados por sus antecesores. La restauración del Estado de derecho comenzaba a parecerse, a ojos de sus adversarios, a otra batalla por el control del Estado.

El conflicto se agravó con la elección de Karol Nawrocki como presidente de la República en 2025. El nuevo jefe del Estado, próximo al campo conservador, utilizó sus atribuciones para oponerse a determinadas actuaciones del Gobierno. En marzo, el Parlamento eligió seis nuevos magistrados constitucionales. Nawrocki aceptó el juramento de dos y rechazó el de los otros cuatro, que terminaron recurriendo a una fórmula alternativa ante notario. La dirección del tribunal cuestionó su validez. Polonia volvía a tener magistrados cuya autoridad dependía de a quién se preguntase.

La disputa desembocó en una nueva crisis por la dirección del Constitucional a finales de octubre. Tusk defendía la necesidad de recuperar el funcionamiento normal de la institución; los conservadores denunciaban una operación para hacerse con su control. La Comisión Europea intervino recordando las competencias del Parlamento para nombrar magistrados y las resoluciones europeas que exigían permitirles ejercer sus funciones. Su posición coincidía en un punto fundamental con la defendida por el Gobierno.

El contraste con los años del PiS volvió a alimentar las acusaciones de doble rasero. Los conservadores habían soportado una presión financiera y jurídica extraordinaria por sus actuaciones sobre los tribunales. Ahora era un Gobierno progresista el que adoptaba medidas excepcionales para reorganizar esas mismas instituciones, mientras Bruselas destacaba los fundamentos jurídicos de su posición.

Naturalmente, los responsables comunitarios sostienen que las circunstancias jurídicas son diferentes y que sus decisiones responden al cumplimiento de «obligaciones concretas». Pero el efecto político de la intervención europea resulta difícil de ignorar. La Comisión dispone de instrumentos capaces de condicionar la actuación de los gobiernos nacionales, afectar a sus presupuestos y alterar sus relaciones con los electores. Su margen para interpretar los avances de cada Ejecutivo puede convertirse en una ventaja considerable para unos y en una dificultad formidable para otros.

Polonia celebrará elecciones legislativas en 2027. Tusk pretende conservar el poder y los conservadores aspiran a recuperarlo, mientras el Tribunal Constitucional continúa atrapado en una disputa de legitimidad que ninguna de las mayorías sucesivas ha conseguido resolver. Bruselas seguirá invocando el «Estado de derecho», aunque sus decisiones sean también parte del escenario político en el que se desarrolla la batalla.