El Banco Central Europeo (BCE) acelera la imposición del euro digital. Este jueves, en una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, el consejero Piero Cipollone defendió la creación de una moneda digital de curso legal que garantice a todos los europeos «un medio de pago universalmente aceptado incluso en caso de grandes interrupciones».
La iniciativa, en debate desde 2023 y retrasada por las elecciones europeas de 2024, se reactivó con fuerza en Bruselas. Cipollone aseguró que el euro digital sería complementario al efectivo y que el BCE no tendría acceso a los datos de pagador y receptor, prometiendo además un modo «offline» para preservar la privacidad.
Las promesas del BCE no convencieron a buena parte de los eurodiputados. Parlamentarios alertaron de que la nueva moneda digital podría convertirse en una herramienta de vigilancia masiva y, además, desplazar a la banca privada, ya que muchos ciudadanos preferirían depositar sus ahorros directamente en el BCE por considerarlo más seguro.
Desde el grupo Patriotas por Europa, el eurodiputado Pierre Pimpie advirtió de que los límites de saldo en las cuentas digitales, fijados por el BCE, podrían ser ampliados unilateralmente «en tiempos de crisis», lo que abriría la puerta a un vaciado de las entidades bancarias privadas en beneficio del banco central.
El BCE justifica el proyecto por la dependencia europea de sistemas de pago de proveedores no comunitarios y lo plantea como respuesta a ciberataques o apagones. Pero críticos señalan que se trata de una nueva cesión de soberanía financiera a las instituciones comunitarias, siguiendo la estela de la «agenda digital» que desde hace años busca centralizar el control de los ciudadanos bajo Bruselas.
Según Cipollone, el objetivo es que la legislación esté lista en 2026, tras la aprobación del Parlamento, la Comisión y el Consejo, y que el euro digital pueda entrar en fase de desarrollo y pruebas técnicas durante tres años, con un posible lanzamiento en 2029.
