La dirección del Consejo del Condado de Kent (KCC), perteneciente al partido Reform UK, ha anunciado que declarará una «emergencia por inmigración ilegal», una iniciativa que será debatida este jueves en el pleno de la institución local y que busca presionar al Gobierno británico para que adopte medidas más contundentes ante el aumento de llegadas irregulares por el Canal de la Mancha.

La propuesta ha sido presentada por los concejales reformistas David Wimble y Jeremy Eustace, quienes sostienen que el flujo constante de pequeñas embarcaciones que cruzan hacia la costa británica está generando un impacto creciente en el condado. Según la moción, la situación no sólo está afectando a los recursos económicos de la administración local, sino que también tendría consecuencias sobre la cohesión social, la cultura local y los niveles de delincuencia.

El documento plantea que el consejo exija al Ejecutivo central actuar con mayor rapidez para frenar estos cruces marítimos, al tiempo que reclama una mayor financiación para afrontar los costes derivados de la situación. También solicita más apoyo para los servicios de emergencia y para las estructuras administrativas que gestionan la llegada de inmigrantes.

Desde Reform UK aseguran que Kent está soportando una carga desproporcionada en comparación con otras regiones del país, al ser uno de los principales puntos de llegada de embarcaciones procedentes del continente europeo. Entre los gastos que más presión generan para el presupuesto local mencionan la atención y el cuidado de menores solicitantes de asilo no acompañados, incluso en casos que se extienden hasta los 25 años.

El propio líder del consejo, Linden Kemkaran, defendió públicamente la iniciativa a través de las redes sociales. En un mensaje publicado en X afirmó que los cruces ilegales en pequeñas embarcaciones no son un problema lejano para el condado. «Como líder de Reform en el KCC, me niego a quedarme de brazos cruzados sin hacer nada», escribió, añadiendo que los ciudadanos de Kent esperan que sus representantes defiendan sus intereses frente al Gobierno central.