Cada vez son más los almerienses que dependen del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para llegar a fin de mes. El porcentaje de la población de la provincia que recibe esta prestación estatal se ha multiplicado por seis desde 2020: de apenas el 1,85% de entonces a alrededor del 10,5% en la actualidad. En cifras absolutas, el salto es todavía más llamativo: de 13.484 personas beneficiarias a finales de 2020 a cerca de 83.000 en septiembre de 2026 —y de esas 83.000, al menos 28.220 inmigrantes—.
Según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en septiembre de 2026 el IMV llegó a 24.432 hogares de la provincia, en los que viven 82.996 personas. Con una población provincial de casi 789.000 habitantes, esto supone que uno de cada diez almerienses forma parte de una unidad de convivencia que percibe la ayuda. Seis años antes, cuando la prestación apenas llevaba medio año en funcionamiento, la cifra se situaba en 13.484 beneficiarios (7.134 adultos y 6.350 menores) sobre una población de 727.945 habitantes.
El crecimiento no ha sido lineal. El IMV arrancó de forma lenta en 2020, en plena pandemia, con miles de solicitudes pendientes de tramitar y un elevado número de denegaciones. A partir de entonces, sin embargo, la cobertura se ha ampliado de manera constante hasta situar a Almería entre las provincias con mayor peso relativo de esta prestación en Andalucía. Cada ayuda llega de media a 3,4 personas, la ratio más alta de la comunidad, lo que refleja el tamaño de los hogares que la reciben.
Mientras tanto, la provincia acumula también un récord de población inactiva: 269.500 personas que no trabajan ni buscan empleo. Aunque se trata de dos fenómenos distintos —la inactividad incluye jubilados, estudiantes y personas dedicadas a las tareas del hogar—, el avance del IMV dibuja un escenario en el que una parte creciente de la población almeriense depende de transferencias públicas para cubrir sus necesidades básicas.
