La Fiscalía de la Unión Europea (EPPO) ya investiga 74 casos de presunto fraude en la utilización de fondos comunitarios en España, cuyo perjuicio económico se estima en 390,6 millones de euros. Las cifras, avanzadas por OkDiario, corresponden al último informe anual disponible del organismo, cerrado el 31 de diciembre de 2025, y vuelven a cobrar actualidad después de que la institución haya anunciado nuevas diligencias sobre las inversiones ferroviarias en la línea Madrid-Sevilla, escenario de los accidentes de Adamuz y Urda.
La actuación más reciente se produjo el pasado viernes, cuando los investigadores europeos llevaron a cabo diligencias en las dependencias del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y el Tribunal de Cuentas. El objetivo es determinar si se cometieron irregularidades con el dinero procedente de Bruselas destinado a modernizar la seguridad, las comunicaciones y los sistemas de señalización de la alta velocidad.
La investigación ha sido impulsada directamente por la Fiscalía Europea, sin necesidad de una denuncia previa, y cuenta con la colaboración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El procedimiento constituye la segunda investigación anunciada por el organismo sobre este corredor ferroviario, después de que en marzo de 2026 comunicara la apertura de otra causa relacionada con el mantenimiento de la infraestructura en las inmediaciones de Adamuz (Córdoba).
El nuevo frente judicial se suma al importante volumen de procedimientos que la institución europea mantiene abiertos en España. Según su memoria correspondiente a 2025, el organismo acumulaba 97 investigaciones activas, con un perjuicio económico conjunto estimado en 796,2 millones de euros para los intereses financieros comunitarios.
De ese total, 74 expedientes correspondían a presuntas irregularidades relacionadas con el gasto financiado mediante recursos de la Unión Europea. El daño calculado en estos procedimientos alcanzaba los 390,6 millones de euros, de los cuales 377 millones figuraban como perjuicio real estimado y otros 13,6 millones como daño potencial.
A esas cantidades se sumaban otros 405,6 millones de euros vinculados a 23 investigaciones por posibles delitos contra los ingresos comunitarios, fundamentalmente fraudes relacionados con el IVA y las aduanas.
La actividad investigadora también experimentó un considerable incremento durante el último ejercicio. Solo en 2025, la Fiscalía Europea abrió 57 nuevos procedimientos en España, de los cuales 26 tuvieron su origen en comunicaciones de las autoridades nacionales, 24 en denuncias particulares, seis en información trasladada desde organismos europeos y uno por iniciativa propia.
Entre los programas comunitarios afectados por las investigaciones figuran las ayudas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, financiado mediante NextGenerationEU, que concentra 21 expedientes relacionados con presuntas irregularidades en el destino de los recursos europeos.
También aparecen procedimientos vinculados al desarrollo regional, la agricultura, la cooperación internacional y diferentes programas destinados al empleo, la innovación y la cohesión social.
La Fiscalía Europea dispone, además, de mecanismos de colaboración con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Ambas instituciones pueden intercambiar información y coordinar sus actuaciones cuando existen indicios de conductas que puedan perjudicar las cuentas comunitarias. Mientras la Fiscalía desarrolla investigaciones penales, la OLAF puede realizar comprobaciones administrativas complementarias.
En el caso de la alta velocidad Madrid-Sevilla, las pesquisas se centran ahora en esclarecer el destino y la correcta utilización de los fondos asignados a las mejoras ferroviarias. La investigación se desarrolla después de los dos accidentes registrados en este corredor, que han dejado un balance conjunto de 115 fallecidos, según las cifras difundidas hasta el momento.
Por ahora, la Fiscalía Europea no ha anunciado conclusiones sobre la existencia de fraude en las obras investigadas, ni ha establecido una relación causal entre las posibles irregularidades económicas y los accidentes ferroviarios. Tampoco significa que los 74 procedimientos recogidos en su informe estén dirigidos personalmente contra el Gobierno de Pedro Sánchez: las estadísticas corresponden a investigaciones abiertas en España sobre distintos beneficiarios, entidades y administraciones.
