Como en Estados Unidos, en Europa parte del estamento judicial parece decidido a imposibilitar siquiera los tímidos intentos de los gobernantes para paliar la debacle de seguridad callejera que ha traído la ola migratoria.
En Francia, el Consejo Constitucional acaba de dar un golpe de muerte a parte, al menos, de la nueva ley de inmigración que pretendía ampliar el periodo de detención de ciertos extranjeros indocumentados de 90 a 210 días.
El fallo hace naufragar el proyecto de los diputados conservadores y del ministro del Interior, Bruno Retailleau, emprendido en respuesta al asesinato de un joven estudiante por parte de un delincuente reincidente.
La ley, presentada por la senadora de Los Republicanos Jacqueline Eustache-Brinio, con el respaldo tanto del bloque central, alineado con Macron, como de Agrupación Nacional, fue aprobada en la Asamblea el 9 de julio y estaba dirigida a extranjeros indocumentados condenados por alguno de los 16 delitos «particularmente graves», entre ellos asesinato, violación, tortura, tráfico de drogas y amenazas contra el profesorado.
Con la detención prolongada se pretendía mantener a esos individuos bajo custodia mientras esperaban la deportación, incluso si faltaba la documentación consular.
El Gobierno sostiene que la nueva norma cierra un vacío legal que permitía la liberación de personas peligrosas antes de su expulsión. El ministro Retailleau declaró: «Si hubiéramos tenido esta ley, se habría salvado», en referencia al asesinato de e
Philippine Le Noir de Carlan, de 19 años, en septiembre de 2024, a manos de un marroquí que había sido condenado previamente por violación y se encontraba bajo orden de expulsión.
Pero ahora el Consejo Constitucional declara inconstitucional la medida, declarando que «la ampliación que establece la ley del ámbito de las personas que pueden ser detenidas durante un período particularmente largo no es proporcional al objetivo de combatir la inmigración ilegal» y que la disposición viola el artículo 66 de la Constitución francesa, que prohíbe la detención arbitraria. El Consejo reafirmó su precedente de que ninguna privación de libertad debe imponer una severidad innecesaria.
