El encarecimiento de la vivienda se ha convertido en una de las grandes fracturas sociales de Europa. La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea —FRA— ha advertido de que la subida de los precios está erosionando el acceso a un hogar digno en el conjunto del bloque y está empujando a cada vez más personas hacia el sinhogarismo.

Según el informe anual del organismo, publicado este miércoles, los precios de la vivienda en la UE aumentaron un 53% entre 2015 y 2024, mientras que los alquileres subieron casi un 17% en el mismo periodo, de acuerdo con datos de Eurostat.

«Los costes disparados afectan a muchas personas y familias, ya que cada vez más ciudadanos no pueden pagar sus hogares y corren el riesgo de quedarse sin vivienda», señaló la directora de la FRA, Sirpa Rautio.

El organismo, con sede en Viena, advierte de que los jóvenes y los grupos vulnerables son los más golpeados por esta crisis. Muchos afrontan dificultades crecientes para acceder a una vivienda adecuada y quedan cada vez más desprotegidos frente a posibles desahucios.

La FRA cita estimaciones de la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que Trabajan con Personas sin Hogar —Feantsa—, según las cuales casi 1,3 millones de personas se encontraban sin hogar en la Unión Europea en 2025.

La cifra supone un fuerte incremento respecto al informe anterior de la agencia, que situaba el número en unos 895.000 en 2023, aunque ambas estimaciones se basan en métodos nacionales de recuento distintos.

Los inquilinos del mercado privado aparecen entre los colectivos más expuestos. El informe señala que muchos temen perder su alojamiento por no poder seguir afrontando los pagos, en un contexto de salarios presionados, inflación acumulada y oferta residencial insuficiente.

La vivienda se ha situado así en el centro de una crisis más amplia de coste de vida. La agencia sostiene que el encarecimiento está poniendo a prueba la capacidad de la UE para garantizar dignidad e igualdad de trato, especialmente entre quienes ya se encontraban en los márgenes.

El informe también aborda otros desafíos para los derechos fundamentales en Europa, como el aumento del odio en internet, la inseguridad generada por las guerras y la explotación laboral de trabajadores procedentes de fuera de la UE. Más de uno de cada tres ciudadanos europeos afirma haber encontrado contenido dañino en línea, mientras que los Estados miembros tienen dificultades para exigir responsabilidades a las grandes plataformas tecnológicas.

Sin embargo, la vivienda ocupa el centro del diagnóstico. La crisis ya no afecta sólo a grandes capitales o a sectores de rentas bajas, sino que se extiende a jóvenes, familias trabajadoras y clases medias que ven cómo el acceso a una casa se aleja año tras año.

El informe llega en pleno debate sobre el creciente papel de Bruselas en política de vivienda, una competencia que tradicionalmente ha correspondido a los Estados miembros. La Comisión Europea presentó en diciembre de 2025 su primer plan europeo de vivienda asequible, con nuevas reglas de ayudas públicas, una estrategia de construcción y medidas dirigidas a los alquileres turísticos de corta duración.

Bruselas sostiene que la UE necesita dos millones de nuevas viviendas al año y ha fijado como objetivo 650.000 unidades adicionales anuales, con un coste estimado de 150.000 millones de euros. También ha vinculado esta agenda al programa New European Bauhaus, dedicado a financiar proyectos de construcción definidos como sostenibles y accesibles.

El Parlamento Europeo, por su parte, reconoció en marzo el acceso a una vivienda digna y asequible como un derecho fundamental, mediante una resolución aprobada por 367 votos a favor y 166 en contra. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, había prometido previamente convertir la vivienda en una prioridad, nombrar al primer comisario europeo de Vivienda y convocar una cumbre sobre la materia.