El Pacto Europeo de Migración y Asilo, impulsado por Bruselas como solución solidaria al caos migratorio, amenaza con convertirse en un agujero negro para las finanzas públicas de Irlanda. Documentos confidenciales del Gobierno irlandés, publicados ahora bajo la legislación de acceso a la información, alertaban ya a finales de 2023 de que el coste anual de alojar solicitantes de asilo podría alcanzar los 1.500 millones de euros si no se preparaba adecuadamente el sistema.

Las advertencias estaban directamente vinculadas al impacto esperado del pacto promovido por la Unión Europea, que prometía un reparto «equitativo» de responsabilidades entre Estados miembros. Sin embargo, los informes internos reconocen que países con alta presión migratoria —como Irlanda— acabarían asumiendo una carga desproporcionada, tanto en términos sociales como presupuestarios.

Los documentos se elaboraron en un contexto de llegadas en aumento y de fuerte presión sobre el International Protection Accommodation Service (IPAS), el organismo encargado del alojamiento. En ellos se advertía del riesgo de una grave tensión presupuestaria debido a la dependencia casi total de proveedores privados, especialmente hoteles y alojamientos comerciales.

En aquel momento, el uso de instalaciones no estatales ya suponía un coste de 1.522 millones de euros diarios, para una población de solicitantes sensiblemente inferior a la actual. Como escenario de emergencia, los informes incluso contemplaban la instalación de campamentos de tiendas, una medida que los funcionarios reconocían que ya formaba parte de la “realidad operativa” tras anteriores oleadas migratorias.

Las cifras son elocuentes: el sistema pasó de alojar unos 7.000 inmigrantes en agosto de 2021 a más de 33.000 a finales de 2025, de las cuales 9.700 eran menores de edad. El gasto real en alojamiento de solicitantes de asilo alcanzó en 2025 los 1.200 millones de euros, un 19% más que el año anterior, lo que equivale a 3,28 millones diarios.

El ministro de Justicia irlandés, Jim O’Callaghan, reconoció el pasado 25 de enero que el gasto ya rozaba los 950 millones de euros antes de finalizar octubre, y que por primera vez superaría la barrera de los 1.000 millones en un sólo año.

La paradoja es aún mayor si se observa el origen y el resultado de las solicitudes en Irlanda. La mayoría de los demandantes de asilo procedían de Somalia, Nigeria, Pakistán y Afganistán, mientras que la tasa de rechazo del organismo estatal de protección internacional fue del 81,39% en 2025, tras más de 20.000 resoluciones. Es decir, ocho de cada diez solicitudes fueron denegadas, pero generaron igualmente un coste multimillonario para el contribuyente.

Los propios documentos advierten de que, sin un giro hacia infraestructuras públicas y una planificación seria, el gasto anual podría dispararse hasta los 1.500 millones de euros, una cifra difícilmente sostenible para un país del tamaño de Irlanda.

También se apuesta ahora por centros gestionados directamente por el Estado, donde el coste por plaza ronda los 12.000 euros anuales, frente a los 30.000 euros del sistema privado, y por abandonar los contratos hoteleros que han sido duramente criticados por sobreprecios y baja calidad.