El Gobierno de Portugal ha acordado abonar 8,4 millones de euros a la Comisión Europea para evitar la acogida de unos 420 solicitantes de asilo en 2026, en el marco del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que impone un sistema de «solidaridad obligatoria» a los Estados miembros.
El pago forma parte del fondo anual de solidaridad aprobado por la Unión Europea en diciembre de 2025, que obliga a los países a elegir entre reubicar inmigrantes, pagar una compensación económica —fijada en torno a 20.000 euros por cada inmigrante no acogido— o aportar recursos operativos como personal o infraestructuras.
Para el año 2026, primer ejercicio de aplicación parcial del pacto (a partir del 12 de junio), Bruselas ha fijado un objetivo global de unas 21.000 reubicaciones o contribuciones equivalentes, una cifra inferior a las 30.000 inicialmente planteadas. La cuota asignada a Portugal ronda el 2% del total, lo que se traduce en la obligación de aceptar 420 migrantes o pagar el importe correspondiente.
El Ejecutivo ha justificado la decisión alegando que Portugal carece de capacidad para acoger más solicitantes de asilo sin poner en riesgo sus sistemas de recepción e integración. El ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro, ha cuestionado además los criterios de cálculo de la Comisión Europea, afirmando que se basan en datos desactualizados que no reflejan la realidad migratoria del país.
«Durante años Portugal ocultó el número real de inmigrantes que tenía», reconoció Amaro en declaraciones a la prensa. Según explicó, los trabajos estadísticos más recientes han revelado la presencia de alrededor de un millón de inmigrantes más de los que se creía, lo que ha provocado una saturación de los sistemas de acogida y retorno, así como un aumento muy superior al previsto de inmigrantes ilegales.
Lisboa ha solicitado formalmente a Bruselas una revisión de su situación, aunque, mientras se resuelve esa petición, el compromiso financiero ya ha sido oficializado y publicado en el Diario Oficial de la UE, con pagos previstos a partir del mes de junio.
La decisión llega en un contexto político especialmente delicado. Portugal, pese a no ser uno de los principales puntos de entrada marítima de inmigración ilegal, ha optado por pagar para no acoger, alejándose de países como Hungría o Eslovaquia, que se niegan tanto a recibir migrantes como a financiar el sistema y se exponen a procedimientos sancionadores.
El movimiento del Gobierno luso también coincide con el ascenso del candidato soberanista y antimigración André Ventura, líder de Chega, que encabeza las encuestas de cara a las elecciones presidenciales. Un sondeo del CESOP de la Universidad Católica Portuguesa sitúa a Ventura con un 24% de intención de voto, por delante del exministro socialista António José Seguro.
