El Gobierno alemán de Friedrich Merz (CDU) ha decidido mantener en 2025 el grueso de la financiación pública destinada a ONG progresistas, ecologistas y plataformas vinculadas al activismo político, a pesar de que la coalición había prometido antes de las elecciones una revisión profunda del sistema. Los Presupuestos Federales finalmente aprobados consolidan millones de euros en subvenciones para organizaciones que llevan años operando como brazos culturales y mediáticos de la izquierda alemana.

Uno de los programas más polémicos es «Democracia Viva» (Lebendige Demokratie), dependiente del Ministerio de Familia, que este año vuelve a contar con 182 millones de euros. Entre los beneficiarios se encuentra la Fundación Amadeu Antonio, conocida por su hostilidad hacia partidos de derecha y por impulsar campañas contra «amenazas de extremismo derechista». Sólo para coordinar el proyecto KompRex, recibirá 622.916,57 euros.

Otra entidad que continuará recibiendo dinero público es Correctiv, la plataforma que el año pasado fue obligada por los tribunales a retirar informaciones falsas sobre una supuesta conspiración de la oposición alemana para deportar inmigrantes —una polémica que desencadenó manifestaciones masivas contra la derecha en toda Alemania—. A pesar de ese precedente judicial, Correctiv recibirá 140.876,83 euros dentro del mismo programa.

ONG ecologistas también se benefician. La fundación medioambiental BUND ingresará 249.820,20 euros para un proyecto que pretende impedir «la infiltración de extremistas de derechas» en el movimiento verde. Mientras tanto, la asociación Neue Deutsche Medienmacher:innen, dedicada a promover una mayor presencia de «periodistas con origen migrante» en los medios, obtendrá 424.999,38 euros para combatir el «discurso de odio» y la «desinformación» en Internet.

Los críticos denuncian que el modelo alemán se ha convertido en una autopista para el «paracaidismo de ONG«: basta crear una entidad con un objetivo políticamente correcto —«luchar contra el extremismo», «defender la democracia» o «promover la diversidad»— para acceder a subvenciones millonarias sin apenas controles y con estructuras mínimas. La falta de transparencia permite que organizaciones con un claro sesgo ideológico vivan casi exclusivamente de fondos estatales.

La oposición, encarnada en el partido soberanista AfD, reclama ahora una auditoría completa, transparencia absoluta en los presupuestos de estas entidades y una revisión del criterio de «neutralidad política» en el uso de fondos públicos.

Mientras tanto, el Gobierno de Merz —que había prometido recortar, auditar y despolitizar estas subvenciones— opta, al menos por ahora, por mantener sin cambios uno de los principales pilares del activismo progresista en Alemania.