Baviera ha confirmado una oleada sin precedentes de violencia de extrema izquierda, con cientos de ataques dirigidos contra infraestructuras, empresas y objetivos estratégicos en los últimos años. Los datos oficiales remitidos al Parlamento regional muestran que 243 de los 263 ataques contra infraestructuras entre 2019 y 2024 están vinculados a la extrema izquierda, así como 447 de los 465 delitos cometidos contra la actividad económica.
La tendencia es inequívoca: en 2019 se registraron 34 ataques; en 2023, la cifra se disparó hasta 190 incidentes, de los cuales 125 fueron atribuidos directamente a movimientos radicales. También repuntan los delitos más graves, como incendios provocados y uso de explosivos: 27 casos en 2023, con 16 de ellos dirigidos a objetivos críticos. La destrucción de propiedad privada y comercial sigue siendo la categoría dominante, con más de 240 casos motivados políticamente.
Múnich aparece como el principal epicentro, con picos de más de 1.300 incidentes en 2021 y otros 458 en 2024, seguida de Núremberg y Augsburgo, donde se repite el patrón creciente.
Para el portavoz de AfD en materia de Interior, Richard Graupner, los datos evidencian un problema largamente negado: «Las respuestas del Gobierno bávaro demuestran con claridad que la mayor amenaza para la economía y para nuestra infraestructura estratégica proviene de la extrema izquierda. Ya no se puede seguir minimizando ni ignorando este fenómeno». El dirigente exige que el Ejecutivo regional abandone la ambigüedad y actúe con determinación frente a una violencia que considera «organizada y creciente».
La preocupación se extiende por Europa. En Hungría, la eurodiputada italiana Ilaria Salis, vinculada al entorno Antifa, esquivó el juicio tras conservar su inmunidad parlamentaria, lo que provocó duras críticas dentro del Parlamento Europeo. En Alemania, el histórico pabellón de caza de los Thurn und Taxis ardió en octubre, con daños valorados en cuatro millones de euros; la reivindicación del ataque apareció en Indymedia, plataforma habitual de los sectores más radicales.
Bruselas tampoco escapa a esta dinámica: centros de pensamiento conservadores y actos públicos han sido atacados reiteradamente por activistas de extrema izquierda con el objetivo de impedir conferencias, intimidar a participantes e imponer un clima de violencia política.
Ante la escalada, el presidente estadounidense Donald Trump ha ordenado avanzar hacia la designación de Antifa como organización terrorista extranjera, un movimiento que ya estudian otros países europeos como Hungría y Países Bajos. Según la Casa Blanca, se trata de «un paso necesario después de casi una década de ataques en constante ascenso».
Lo que ya nadie discute es el diagnóstico: la violencia de la extrema izquierda en Europa crece, se organiza y se dirige cada vez más contra infraestructuras críticas, actores económicos y representantes políticos conservadores.
