Fondos públicos del Gobierno alemán financian un sitio web creado para alertar a los alemanes sobre medios de comunicación de «extrema derecha», entre los que aparecen publicaciones conservadoras como Junge Freiheit y la revista Tichys Einblick.

El portal está vinculado al Servicio Social de Justicia Ambulatoria de Baja Sajonia, conocido por sus siglas AJSD, un organismo sostenido íntegramente con cargo a las cuentas públicas de ese estado federado. Dentro de una sección dedicada a «reconocer el extremismo de derecha», la plataforma reúne referencias a distintos periódicos, revistas y espacios informativos de orientación conservadora, liberal o libertaria.

Además de identificar determinadas cabeceras, la página ofrece materiales destinados a enseñar a los ciudadanos a detectar supuestas manifestaciones extremistas. Entre sus recursos figura un glosario con símbolos, expresiones, códigos y otros elementos asociados por sus responsables a la «derecha radical».

La inclusión en este apartado ha provocado una dura reacción de Junge Freiheit. El medio sostiene que está siendo desacreditado mediante una herramienta financiada por el Estado y ha anunciado que estudiará emprender acciones contra lo que califica como una campaña de «humillación» promovida desde instituciones públicas.

La publicación acusa a la coalición de izquierdas que gobierna Baja Sajonia de utilizar un portal antifascista para señalar a periodistas y medios independientes que mantienen posiciones conservadoras o liberales. Sus responsables aseguran que no aceptarán lo que consideran un intento de estigmatización política.

La financiación del organismo también ha quedado en el centro de la controversia. Según el proyecto presupuestario correspondiente a 2025 citado en las informaciones difundidas, la AJSD recibió una asignación de 33,4 millones de euros.

De esa cantidad, más de 26 millones se habrían destinado a sufragar los costes de alrededor de 400 empleados a jornada completa. Entre las funciones oficiales del servicio se encuentra la asistencia a personas que desean «abandonar entornos vinculados al extremismo de derechas».

Los críticos cuestionan que una estructura sostenida por los contribuyentes incluya a medios legales dentro de contenidos relacionados con el radicalismo político. A su juicio, esa clasificación puede generar la impresión de que publicaciones conservadoras forman parte de movimientos extremistas, aunque no exista una prohibición judicial contra ellas.

La polémica surge, además, en un contexto de creciente debate en Alemania sobre el denominado «cordón sanitario» aplicado a Alternativa para Alemania. Los adversarios de ese mecanismo sostienen que se utiliza para excluir a AfD de acuerdos y responsabilidades institucionales, mientras sus defensores lo presentan como una barrera frente a posiciones consideradas extremistas.

Por el momento, la disputa enfrenta el objetivo declarado de las autoridades de prevenir la radicalización con las denuncias de varios medios, que consideran que el Estado está utilizando recursos públicos para marcar ideológicamente a voces críticas o contrarias a la izquierda.