El canciller alemán, Friedrich Merz, defendió este jueves la intención de su Gobierno de impulsar una reforma legal para conservar las direcciones IP de los internautas durante tres meses, una medida que el Ejecutivo considera clave para combatir la criminalidad en Internet, especialmente los delitos relacionados con pornografía infantil.
Durante un discurso pronunciado en Wiesbaden con motivo del 75 aniversario de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA), el dirigente conservador subrayó que Alemania necesita dotar a sus fuerzas de seguridad de herramientas eficaces para perseguir delitos digitales que, según advirtió, se han multiplicado en los últimos años.
«Queremos introducir el almacenamiento obligatorio de direcciones IP», afirmó Merz ante responsables y agentes de la policía criminal alemana. El canciller defendió que la medida permitirá rastrear actividades delictivas en la red y facilitar la identificación de los autores.
El jefe del Ejecutivo alemán prometió además más medios y capacidades para los investigadores especializados en delitos online, un ámbito que calificó como uno de los frentes más complejos para las autoridades. «Los empleados que trabajan en este ámbito de la delincuencia más grave y repugnante se merecen todas las posibilidades para desarticular estas redes», declaró en alusión directa a los delitos de explotación sexual infantil en Internet.
La iniciativa legislativa fue presentada en diciembre por la ministra de Justicia, Stefanie Hubig, quien propuso que las direcciones IP, —números que identifican cada dispositivo conectado a Internet—, se conserven durante tres meses. Según el Gobierno alemán, estos datos «constituyen las únicas pruebas que dejan los criminales en la red», lo que hace imprescindible su preservación temporal.
Merz defendió también que el almacenamiento de IP puede ser determinante en la lucha contra el tráfico ilegal de drogas y armas en la red, así como contra otras formas de criminalidad organizada digital.
El canciller destacó asimismo la evolución de la BKA como institución capaz de adaptarse a la transformación tecnológica del delito, cada vez más presente en entornos digitales. En este contexto, subrayó la necesidad de reforzar las competencias policiales para «realizar análisis de datos automatizados basados en la inteligencia artificial».
