El Gobierno británico de Keir Starmer ha lanzado un videojuego que pretende formar a adolescentes en cómo identificar y responder ante posibles procesos de radicalización, dentro del marco del programa Prevent, una iniciativa del Ministerio del Interior orientada a la prevención del extremismo.
El recurso, denominado Pathways, se presenta como un paquete interactivo dirigido a jóvenes de entre 11 y 18 años y ha sido desarrollado por una organización educativa en colaboración con autoridades locales. Según la documentación oficial, el proyecto forma parte de la estrategia Prevent y cuenta con apoyo institucional del Gobierno.
La polémica se ha desatado tras su difusión en medios y redes sociales, donde se acusa al Ejecutivo de utilizar el juego como una herramienta de adoctrinamiento ideológico. Desde estos espacios se denuncia que el contenido del programa penaliza actitudes como cuestionar la inmigración o expresar opiniones críticas, asociándolas a procesos de radicalización o extremismo.
El foco del debate está en varias escenas del juego protagonizadas por un personaje ficticio llamado Charlie, que atraviesa situaciones cotidianas en el aula, en redes sociales, en chats privados y en protestas. A lo largo del recorrido, el jugador debe elegir cómo reaccionar ante comentarios sobre inmigración, vídeos virales o invitaciones a manifestaciones. Determinadas decisiones provocan que el personaje sea señalado como problemático o potencialmente extremista, algo que los críticos consideran una criminalización del disenso político.
Quienes han analizado el contenido sostienen que el juego difumina la frontera entre radicalización violenta y opiniones políticas legítimas, y alertan de que puede generar miedo, autocensura y ansiedad entre los menores, especialmente entre aquellos que expresen posturas críticas con las políticas migratorias o con el Gobierno.
Desde los impulsores del proyecto se defiende que el objetivo es puramente educativo y preventivo: enseñar a los jóvenes a detectar mensajes extremistas, comprender cómo operan los procesos de radicalización y saber a quién acudir si se sienten expuestos a contenidos peligrosos. Sin embargo, sus detractores insisten en que el enfoque elegido estigmatiza determinadas ideas y convierte el debate político en una cuestión de seguridad.
La controversia llega en un momento de creciente discusión sobre el alcance del programa Prevent y su aplicación en centros educativos, así como sobre el equilibrio entre la lucha contra el «extremismo» y la protección de la libertad de expresión entre los más jóvenes.
