El Gobierno británico ha vuelto a quedar en evidencia por su caótico sistema de gestión penitenciaria y migratoria. Hadush Kebatu, un ciudadano etíope de 41 años condenado por agredir sexualmente a una menor de 14 años y a una mujer, ha recibido a 500 libras del Estado para aceptar su deportación tras haber sido liberado por error de una prisión de Essex.
Kebatu cumplía condena en la cárcel de Chelmsford cuando, por un fallo administrativo, fue excarcelado el pasado viernes en lugar de ser trasladado a un centro de internamiento de inmigrantes ilegales. El error provocó una búsqueda policial de 48 horas en la capital británica hasta que fue detenido en un parque del norte de Londres y trasladado a la prisión de Wormwood Scrubs, en el oeste de la ciudad.
Tres días después, el delincuente fue expulsado a Etiopía en un vuelo sin derecho de retorno. Pero la polémica ha estallado cuando el Ministerio del Interior ha admitido haber entregado a Kebatu un pago de 500 libras con el fin de evitar que se opusiera a su deportación.
El ministerio ha reconocido que la decisión se tomó porque «el proceso habría sido más lento y caro» si el agresor decidía resistirse. Según su versión, el pago permitió evitar una nueva detención, la organización de otro vuelo y «posibles demandas legales».
La revelación ha causado indignación entre los ciudadanos y dentro del Parlamento británico. El ministro de Justicia ha reconocido estar «furioso en nombre de las víctimas» y ha ordenado una investigación interna para depurar responsabilidades.
La excarcelación de Kebatu no es un caso aislado. En los últimos meses, el Gobierno británico ha admitido varios errores en la liberación de presos extranjeros que deberían haber sido trasladados directamente a centros de deportación.
«Si el Estado paga a un delincuente sexual extranjero para que se marche, ¿qué mensaje se envía a las víctimas y a la sociedad?», cuestionan varios parlamentarios, que denuncian un colapso generalizado del sistema penitenciario y migratorio.
Kebatu llegó al Reino Unido de manera ilegal y fue alojado en un hotel para inmigrantes, donde cometió los delitos sexuales por los que fue condenado. El hecho de que, tras cumplir parte de su pena, fuera liberado por error y después recompensado con dinero público ha sido calificado como “una vergüenza nacional”.
El caso ha reabierto el debate sobre la gestión de extranjeros delincuentes en el Reino Unido, un asunto que el actual Gobierno no ha logrado controlar pese a sus promesas. Organizaciones de víctimas acusan al Ministerio del Interior de “anteponer el ahorro económico a la seguridad ciudadana”.