El Gobierno del Reino Unido desoyó las advertencias de inteligencia sobre un inminente genocidio en Sudán y rechazó los planes de prevención de atrocidades que habrían podido salvar miles de vidas en la ciudad de El Fasher. Así lo revela un informe interno, consultado por The Guardian, que demuestra cómo Londres optó por la alternativa “menos ambiciosa” para proteger a la población civil en plena ola de limpieza étnica.

Seis meses después del inicio del asedio de 18 meses a El Fasher, los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo (FCDO) descartaron las tres propuestas más contundentes para reforzar la protección de los civiles. Eligieron en su lugar una cuarta opción: destinar diez millones de libras al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y otras organizaciones, una cifra considerada insuficiente por los analistas. Poco después, la ciudad cayó en manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar responsable de asesinatos y violaciones masivas por motivos étnicos. Miles de habitantes continúan desaparecidos.

El documento, fechado en octubre de 2025, reconocía abiertamente las limitaciones de recursos del Reino Unido y justificaba la elección del plan más limitado. “Dadas las restricciones presupuestarias, (el Reino Unido) ha optado por el enfoque menos ambicioso para la prevención de atrocidades, incluida la violencia sexual relacionada con conflictos”, afirmaba el texto.

La especialista en Sudán Shayna Lewis, de la organización estadounidense Paema, ha calificado la decisión británica de “fracaso moral”. “Las atrocidades no son desastres naturales, son decisiones políticas. El Gobierno del Reino Unido es ahora cómplice del genocidio que se está cometiendo en Darfur”, ha denunciado.

La posición de Londres resulta especialmente significativa, ya que ejerce el papel de “autor de redacción” para Sudán en el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que le otorga una influencia directa sobre la respuesta internacional al conflicto, considerado la mayor crisis humanitaria actual.

La revisión de la ayuda británica a Sudán entre 2019 y 2025, realizada por la directora del organismo supervisor Liz Ditchburn, concluye que las restricciones de personal y financiación impidieron desarrollar el plan de prevención más ambicioso. En su informe para la Comisión Independiente sobre el Impacto de la Ayuda (ICAI), Ditchburn lamentó que «un equipo de país ya sobrecargado no tenía capacidad para asumir un área de programación nueva y compleja»