El Gobierno francés ha decidido dar un nuevo paso en su ofensiva contra la libertad de expresión en internet al anunciar la creación de una «coalición de asociaciones» para rastrear y denunciar contenidos considerados «sospechosos». Estas asociaciones, conocidas por su activismo de izquierdas, no sólo verán reforzado su papel de censor, sino también aumentadas sus subvenciones públicas y su sensación de impunidad.

El anuncio lo realizó el miércoles 9 de julio la ministra de Igualdad de Género, Aurore Bergé. Un total de doce asociaciones tendrán la misión de informar directamente a Arcom, la autoridad reguladora de medios, sobre cualquier contenido en línea que ellas mismas califiquen como racista, antisemita, homófobo, misógino o de odio «antimusulmán». Como es habitual, la definición de su cometido deja fuera tanto el odio anticristiano como el racismo contra los blancos.

La medida permitirá que los informes de estas organizaciones sean tramitados de manera prioritaria por Arcom para que los contenidos señalados se eliminen más rápidamente. La lista de asociaciones seleccionadas está formada por nombres ya conocidos por su marcado sesgo ideológico: Planned Parenthood, SOS Homofobia, SOS Racismo o la Federación de Centros LGBTI+, entre otras. Todo apunta a que esta coalición acabará actuando como un auténtico tribunal revolucionario contra cualquier forma de pensamiento que no encaje en el discurso oficial.

La ministra también anunció un aumento sustancial de las ya generosas subvenciones públicas que reciben estos grupos. Según sus propias palabras, el objetivo es que puedan contratar personal «dedicado a la lucha contra el odio en internet». .

Bergé presentó la iniciativa como un «importante problema democrático, un problema de salud pública para nuestros niños y adolescentes». Y subrayó que esta campaña de censura no es sólo una política nacional, sino que se coordina con la Unión Europea, que también ha convertido la eliminación de contenidos en internet en una de sus prioridades estratégicas.