El Gobierno de Macron vuelve a enfrentarse a un drama silencioso dentro de su propia Administración. En apenas seis meses, 13 empleados de la Dirección General de Finanzas Públicas (DGFIP), dependiente del Ministerio de Economía, se han quitado la vida. A estas cifras se suman otros ocho intentos de suicidio registrados en el mismo periodo. El caso ha encendido todas las alarmas en París y ha obligado al Gobierno de Emmanuel Macron a activar programas de intervención psicológica urgente.
Según reporta el diario Le Monde, el fenómeno guarda inquietantes similitudes con el escándalo de France Télécom, que entre 2008 y 2009 dejó 19 trabajadores muertos y 12 intentos fallidos en medio de una política de reestructuración considerada judicialmente como acoso institucional. La DGFIP, nacida precisamente de una fusión forzada en 2008 entre los departamentos de impuestos y contabilidad pública.
Fuentes sindicales y expertos citados por la prensa francesa apuntan a una presión estructural sostenida, objetivos inasumibles, traslados forzosos y un deterioro deliberado de las condiciones laborales. El precedente de France Télécom ya demostró ante los tribunales que la presión orquestada desde la cúpula para provocar dimisiones —“por la puerta o por la ventana”, como reconocieron testigos— fue una estrategia calculada para reducir costes laborales. En ese caso, el entonces presidente Didier Lombard fue condenado a prisión por acoso institucional.
Ahora, el Ministerio de Economía francés se ve obligado a responder ante un fenómeno similar. La directora de la DGFIP, Amélie Verdier, reconoció la gravedad de la situación y declaró a Le Monde: “No quiero minimizar en absoluto estas muertes. Son dramas traumatizantes y cifras preocupantes”.
Aunque por el momento no se han presentado denuncias formales, la inquietud crece. Francia, nuevamente, se enfrenta a una tragedia interna con graves implicaciones para su administración pública.
