La Unión Europea ha dado esta semana un paso de gigante en su política de mantener un régimen de estricto control sobre los ciudadanos con el rechazo por parte del Europarlamento a bloquear la prórroga del régimen conocido como Chat Control 1.0, que permite a determinadas plataformas digitales detectar voluntariamente material en las comunicaciones de sus usuarios. La iniciativa para impedir su continuidad necesitaba una mayoría absoluta de 361 eurodiputados, pero obtuvo únicamente 314 votos favorables, en una sesión marcada además por la baja asistencia al celebrarse en la última jornada antes del receso estival.
Aunque el debate parlamentario se ha centrado en esta prórroga temporal, numerosos expertos consideran que la verdadera importancia de la votación reside en el precedente que consolida y en el camino que abre hacia Chat Control 2.0, la propuesta que la Comisión Europea sigue negociando y que ampliaría notablemente la capacidad de supervisión de las comunicaciones digitales.
Bruselas insiste en que el único objetivo de estas medidas es combatir la difusión de material de abuso sexual infantil, pero el proyecto lleva años despertando una fuerte oposición entre criptógrafos, expertos en ciberseguridad, juristas y organizaciones defensoras de los derechos digitales, que advierten de que el verdadero problema no es el delito perseguido, sino la infraestructura tecnológica que se pretende construir. Cuenta, además, con la oposición frontal de VOX.
Su argumento es sencillo: una vez exista un sistema capaz de analizar automáticamente millones de conversaciones privadas, bastará una modificación legal para ampliar su utilización a otros delitos o finalidades. Es el fenómeno conocido como function creep, la progresiva expansión del uso de herramientas creadas inicialmente para un objetivo muy concreto.
Para los críticos de ‘Chat Control’, la propuesta representa un cambio profundo en la relación entre el ciudadano y el poder público. Hasta ahora, las investigaciones sobre comunicaciones privadas requerían la existencia de sospechas individualizadas y autorización judicial en la mayoría de los ordenamientos europeos. Con Chat Control, sostienen sus detractores, el principio comienza a invertirse: la tecnología permitiría analizar de forma automatizada un volumen inmenso de comunicaciones para detectar posibles delitos antes incluso de que exista un sospechoso concreto.
El debate, por tanto, ya no gira únicamente en torno a la protección de los menores, sino sobre el alcance que puede tener la vigilancia preventiva en una sociedad democrática.
Durante los últimos años, la Comisión Europea ha convertido la regulación del espacio digital en una de sus principales prioridades políticas. La entrada en vigor del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) otorgó a Bruselas competencias inéditas para supervisar la actuación de las grandes plataformas tecnológicas y exigir medidas frente a los llamados «riesgos sistémicos», entre ellos la difusión de desinformación.
Luego llegaron las investigaciones abiertas contra la red social X, propiedad de Elon Musk, acusada por la Comisión de incumplir diversas obligaciones previstas en esa normativa. El enfrentamiento convirtió a la plataforma en el principal símbolo del creciente choque entre Bruselas y quienes denuncian una deriva intervencionista sobre la libertad de expresión en internet.
A ello se suman otras iniciativas impulsadas durante el actual mandato comunitario, como la Ley Europea de Libertad de los Medios, que sus detractores consideran un nuevo intento de aumentar la capacidad reguladora de las instituciones comunitarias sobre el ecosistema informativo.
Uno de los conceptos que más ha utilizado la Comisión Europea para justificar ese creciente intervencionismo ha sido el de la lucha contra la desinformación. La propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, llegó a situar la desinformación entre las principales amenazas globales durante una intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, defendiendo una actuación coordinada de gobiernos, instituciones y grandes empresas tecnológicas para combatir ese fenómeno.
Precisamente la amplitud del concepto es una de las principales críticas formuladas por quienes alertan sobre un posible exceso regulatorio. Sus detractores consideran que la desinformación carece de una definición jurídica suficientemente precisa y que su utilización puede terminar convirtiéndose en un instrumento para aumentar el control institucional sobre el debate público.
La evolución de la regulación digital europea ha comenzado incluso a tensar las relaciones entre Bruselas y Washington. Durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, acusó a varios gobiernos europeos de retroceder en materia de libertad de expresión y sostuvo que la principal amenaza para las democracias occidentales no procedía únicamente de actores externos, sino también del debilitamiento de algunos de sus propios principios fundamentales.
Aunque su intervención abordó cuestiones muy diversas, dedicó una parte importante de su discurso a criticar las políticas europeas destinadas a combatir la desinformación y las crecientes restricciones al debate público en internet.
La votación del pasado jueves no supone todavía la implantación definitiva del sistema más ambicioso que plantea la Comisión Europea. Sin embargo, para sus críticos constituye un nuevo paso dentro de una tendencia mucho más amplia: la progresiva ampliación de la capacidad de las instituciones europeas para supervisar el espacio digital.
El debate ya no enfrenta únicamente a quienes defienden o rechazan una determinada herramienta tecnológica para combatir delitos especialmente graves. La cuestión de fondo es si Europa está construyendo una infraestructura de vigilancia que, una vez creada, podrá utilizarse en el futuro para finalidades muy distintas de aquellas con las que hoy se presenta ante la opinión pública.
