El Gobierno de Giorgia Meloni ha aprobado un proyecto de ley destinado a endurecer las medidas contra la okupación ilegal y acelerar los procedimientos de desahucio en Italia. La iniciativa, integrada dentro del nuevo Plan de Vivienda impulsado por el Ejecutivo, pretende reducir drásticamente los tiempos judiciales para que los propietarios recuperen sus inmuebles y aumentar así la oferta disponible de viviendas en alquiler.

La reforma introduce un mecanismo de urgencia que permitirá a los jueces emitir órdenes de liberación en apenas 15 días. Además, dichas resoluciones tendrán aplicación inmediata, incluso aunque posteriormente el inquilino presente alegaciones o recursos. El objetivo, según el Ejecutivo italiano, es evitar que los procedimientos se eternicen durante meses o incluso años.

La propia Meloni defendió públicamente las nuevas medidas a través de sus redes sociales, donde aseguró que durante demasiado tiempo los propietarios han estado desprotegidos frente a impagos, ocupaciones abusivas y retrasos judiciales excesivos. La dirigente italiana sostiene que esta inseguridad jurídica ha provocado que muchos ciudadanos renuncien a alquilar sus viviendas, agravando aún más la escasez de inmuebles y disparando los precios.

El nuevo texto legal contempla también sanciones económicas para quienes permanezcan ilegalmente en una vivienda después del plazo fijado por el juez. En concreto, se aplicará un recargo equivalente al 1% del alquiler mensual por cada día adicional de ocupación indebida. El Ejecutivo considera que esta penalización servirá como elemento disuasorio frente a estrategias dilatorias.

Otra de las novedades relevantes afecta a los contratos de arrendamiento que expiran. Antes incluso de que finalice oficialmente el contrato, el propietario podrá solicitar al juez una orden de desalojo que entrará en vigor automáticamente desde la fecha de vencimiento pactada, agilizando notablemente la recuperación del inmueble.

La reforma también modifica los llamados «periodos de gracia» concedidos a los inquilinos morosos. El tiempo disponible para regularizar deudas por dificultades económicas se reduce a la mitad y se limita el número de ocasiones en las que un arrendatario podrá recurrir judicialmente para saldar cantidades pendientes, incluidos intereses y gastos derivados del procedimiento.

No obstante, el Gobierno italiano ha introducido excepciones para determinados colectivos vulnerables. Los desalojos podrán aplazarse hasta seis meses cuando afecten a personas de avanzada edad, enfermos terminales o ciudadanos con discapacidades graves. Asimismo, los servicios sociales deberán ser informados obligatoriamente de las situaciones de especial vulnerabilidad detectadas durante el proceso.

El Ejecutivo italiano considera que esta reforma busca equilibrar la protección social con la defensa del derecho a la propiedad privada. Meloni ha insistido en que «un país serio protege a quienes cumplen las normas», tanto a los ciudadanos que pagan regularmente sus alquileres como a los propietarios que ponen viviendas en el mercado respetando la legalidad.

La iniciativa supone uno de los movimientos más contundentes del Gobierno italiano contra la okupación y la morosidad, dos fenómenos que en los últimos años han generado un intenso debate político y social en Italia por su impacto sobre el mercado inmobiliario y la disponibilidad de vivienda.