El Gobierno de Meloni ha comenzado a presionar a las instituciones de la Unión Europea para que emitan una censura formal contra la regularización masiva de inmigrantes ilegales aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Según fuentes conocedoras de la estrategia de Roma, citadas por Brussels Signal, el objetivo es lograr una expresión escrita de preocupación por parte de la Comisión Europea y de una mayoría de Estados miembros.

La ofensiva italiana llega después de la entrada masiva registrada en Ceuta y del creciente malestar de varios gobiernos europeos ante una medida adoptada por España sin coordinación previa con sus socios.

Roma considera que la regularización extraordinaria impulsada por Sánchez pudo actuar como efecto llamada para nuevos movimientos migratorios hacia territorio europeo.

Reunión urgente tras la crisis de Ceuta

La presión italiana se intensificó tras la videoconferencia de urgencia de ministros del Interior de la UE celebrada el 4 de agosto. La reunión fue convocada después del asalto migratorio a Ceuta.

Según las mismas fuentes, el encuentro se celebró a petición de Italia y Dinamarca, dos de los países que han liderado la crítica europea contra las políticas capaces de atraer más inmigración ilegal.

El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, intervino en primer lugar y defendió la devolución a Marruecos de casi todos los inmigrantes que entraron en la ciudad autónoma. También se quejó de la falta de solidaridad de otros gobiernos europeos y señaló especialmente a Italia por haber suspendido la libre circulación Schengen en sus puertos y aeropuertos.

Roma acusa a Sánchez de provocar un efecto llamada

Italia mantiene que la regularización masiva aprobada por el Ejecutivo español funcionó como un mensaje de atracción para los cruces ilegales. Grande-Marlaska rechaza esa interpretación e intenta separar la crisis de Ceuta del decreto de regularización.

El Gobierno español teme que Bruselas y otras capitales europeas censuren una política que ya ha generado un fuerte rechazo en el bloque. El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, separó formalmente la crisis de Ceuta del decreto español.

Sin embargo, dejó la impresión de que un plan de regularización de esa escala, aprobado sin aviso previo a otros países, no constituye una señal positiva para la política migratoria europea.

Más de 1,3 millones de solicitudes

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó la regularización extraordinaria mediante real decreto en enero y abrió el plazo de solicitudes en abril. Los ministros del PSOE esperaban entre 400.000 y 500.000 solicitantes. Pero la cifra final desbordó por completo las previsiones oficiales: más de 1,3 millones de personas presentaron su solicitud antes de que venciera el plazo del 30 de junio.

El volumen de solicitudes multiplicó las expectativas del propio Ejecutivo y alimentó las críticas de otros gobiernos europeos, que ven en el decreto de Sánchez un riesgo para el conjunto del espacio Schengen. La preocupación de Roma y de otros socios es evidente: una regularización masiva en un Estado miembro no afecta sólo a ese país, sino a toda la Unión Europea.

Veintidós países ya alertaron contra los efectos llamada

Antes de esta nueva ofensiva, 22 Estados miembros, liderados por Italia y Dinamarca, ya habían firmado una carta conjunta reclamando una respuesta coordinada ante la inmigración ilegal. En ese documento advertían contra políticas capaces de actuar como factores de atracción.

La ministra del Interior de Finlandia, Mari Rantanen, fue especialmente dura y afirmó que España había «fracasado completamente» en la protección de la frontera exterior. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también planteó directamente la regularización española a Pedro Sánchez durante una reunión del Consejo Europeo en junio.

Ahora, Roma espera que los países del norte de Europa, incluida Alemania, respalden una crítica formal al decreto.

El Gobierno de Sánchez niega cualquier relación

El Gobierno español niega que exista una conexión entre la regularización masiva y la entrada en Ceuta. El Ministerio de Exteriores sostiene que los cruces se originaron por una interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo que las redes criminales habrían explotado.

Sánchez intenta así trasladar el foco hacia las mafias, la desinformación y el uso de redes sociales, evitando que el debate europeo se centre en el decreto de regularización.

Sin embargo, para Italia y otros gobiernos, la cuestión de fondo es que España envió un mensaje político extremadamente peligroso: quien permanece ilegalmente en el país puede terminar obteniendo papeles mediante una decisión extraordinaria del Ejecutivo.